A las audiencias, en tanto, se decidió restringir el paso de la prensa, en tanto hay imputados que eran menores de edad al momento de los hechos, por un lado, y también niñas testigos que deben comparecer a declarar.
Según se pudo conocer por fuentes judiciales, ayer cinco personas hablaron en el juicio, dos de ellas imputadas. Al ser uno de los declarantes menor de edad cuando sucedieron los hechos, se solicitó que el público abandone la sala.
También declaró Sandra Pisco, traductora oficial del Poder Judicial de Tartagal, a quien se le realizaron preguntas sobre su idoneidad, en tanto fue la encargada de comunicarse con la niña víctima del delito. Pues la niña era analfabeta, tiene un retraso madurativo, y solo entiende su idioma, el wichí.
Por lo que pudo saber este medio, esta actuación como traductora le habría costado a Pisco amenazas por parte de los familiares de algunos detenidos.
Para la jornada de ayer también estaban citados el padre y la madre de la víctima. "Pero se suponía que los venía a buscar un móvil policial y eso nunca ocurrió", contó Julio Díaz, referente de la Comunidad de Santa Victoria Este.
Agregó que a ese hecho se suma que los caminos hacia la zona se encuentran "intransitables".
Se prevé que mañana continúe el juicio con más testigos. Hasta ahora, Pisco no empezó a actuar como traductora, si bien se previó que ello suceda para garantizar a los miembros de la comunidad wichí, lo volcado en las declaraciones del juicio.
