Ahora, sin embargo y pese a que el escándalo ya trascendió las fronteras de la Provincia, los representantes del Ministerio Público aún no reaccionan ante las denuncias de venta de plasma.
En su lugar, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteba, tomó el toro por las astas, dispuso medidas para frenar esta maniobra y dispuso una investigación administrativa en torno a la empresa HemoSalta SRL, dirigida por un viejo conocido en Salta.
Se trata nada menos que Martín de la Arena, un médico devenido en empresario que estuvo envuelto ya en varios escándalos vinculados a negociados con la transfusión de sangre. El facultativo tampoco es un desconocido para la fiscal penal, Verónica Simense de Bielke, la estrella que tiene el Procurador General, Abel Cornejo.
Resulta que el 9 de septiembre de 2017, Simesen de Bielke, solicitó que Isabel Remis, Roxana Ponce y Rafael Fernández sean sometidos a juicio por los delitos de “lesiones gravísimas culposas, propagación de enfermedad peligrosa e incumplimiento de deberes de funcionario”, delitos por los cuales podrían recibir hasta 15 años de prisión.
El requerimiento de juicio de la fiscal fue el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer, quien pidió que se investigue cómo fue que su hijo, de 11 años, se contagió de HIV en sesiones de transfusión de sangre por una enfermedad de leucemia, de la cual luego se curó.
En su pedido de juicio, la fiscal indicó que “las sesiones de transfusión, a las que era sometido el menor, se realizaban con unidades de sangre que eran suministradas por la empresa prestataria Hemovida SRL, en la cual Isabel Remis se desempeñaba en ese entonces como Gerente y además poseía el 95 % de las acciones, las que habían sido cedidas en octubre de 2010 por Martín de la Arena (90%) y Jorge Facundo Solá Avellaneda (5%), mientras que el otro 5% pertenecía a Magdalena García Baggi”.
La cesión del médico De la Arena, en tanto, siempre estuvo bajo sospecha, pues se especuló que podría tratarse de una maniobra para ocultar un negociado que, producto de otras denuncias mediáticas, sacaron ala luz la contratación del estado con Hemovida SRL y la posible responsabilidad facultativa en la denuncia de contagio en perjuicio del menor.
Ahora, a 8 años de aquel escándalo, su nombre vuelve a aparecer en otro negociado con la transfusión, en este caso de plasma para la recuperación de pacientes con COVID-19. Pese a todos los antecedentes y elementos denunciados en las redes sociales, los fiscales penales parecen haber olvidado la facultad para entrar en acción, o bien, esperan a que el médico apuntado vuelva a cambiar de razón social o ceder las acciones a otro socio dispuesto a cargar con la persecución penal del caso.
