El fondo de reparación está integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata, explotación de personas y lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas y constituye una vía destinada a brindar una asistencia económica a las víctimas de trata y explotación.
El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, celebró la dimensión que tiene el Plan Bianual elaborado por el Consejo Federal y reconoció a la trata como un delito que "castiga a todo el país, pero, particularmente, a las provincias que tienen características especiales, y Salta es una de ellas", por lo que concluyó en la necesidad de trabajar de manera federal y articulada contra esta problemática.
En el cierre de la sesión, se propuso y acordó resaltar en la declaración final del XVI Consejo los beneficios del sistema acusatorio, tanto en la persecución penal como al momento de articular las acciones reparatorias a las víctimas.
La propuesta, resaltada de manera unánime por los consejeros, surgió a partir de la exposición realizada por el fiscal Villalba, quien se refirió a la tarea de la Unidad Fiscal Salta frente a estos delitos, que permitió resultados nunca antes obtenidos, tanto a nivel local como nacional.
El fiscal general recordó hechos en los que se llegó a condenas en un breve lapso, como también la reparación económica a víctimas con sumas de hasta un millón de pesos. Puntualizó un caso en el que se logró el decomiso de una casa en la que funcionaba un prostíbulo, donde ahora una ONG local realiza tareas de rescate de víctimas de trata.
Villalba repasó los graves sufrimientos padecidos por las víctimas y destacó la tarea del Ministerio Público Fiscal, en el que recae toda la obligación del Estado en la persecución de este delito.
Explicó que esa tarea, en el caso de Salta y Jujuy, donde rige el CPPF, se ha visto favorecida tanto por la actualización de las normas y herramientas procesales, como por el gran esfuerzo que llevan a cabo los fiscales y las y los operadores de la Unidad Fiscal.
En relación con el trabajo a futuro, se señaló la necesidad de “acelerar el pago a las víctimas, la implementación correcta del fondo [de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas] durante este año, siendo que recién se puso en práctica en febrero pasado”.
Desde la Comisión de Investigación y Persecución Penal, que también integra Mángano, se resaltó el debate dirigido a optimizar la tarea investigativa. “Trabajamos fuertemente en facilitar la creación de equipos conjuntos, tanto a nivel internacional a través de Cancillería, así como a nivel local, entre las fuerzas”, señaló.
