La Marcha Cívica por el Cambio se había adelantado del 20 de noviembre al 15 de ese mismo mes, tras un primer impedimento de La Habana.
Las autoridades cubanas prohibieron la celebración de una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen y porque algunos tienen vínculos con Washington, según un comunicados oficial emitido el martes.
"Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba", señala la carta de respuesta de las autoridades publicada en el portal de noticias oficial Cubadebate.
"No se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha", argumenta el texto, suscrito por los consejos municipales de las localidades donde se emitió la petición, entregado como respuesta a los solicitantes. Y argumenta que, según la Constitución de 2019, el "sistema socialista" que impera en el país desde hace más de seis décadas es "irrevocable".
En una carta en respuesta a la solicitud, indicaron que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha” y dijeron que los promotores del evento tienen “vínculos con organizaciones subversivas o agencais financiadas por el gobierno estadounidense”.
La carta firmada por Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, concluyó: “Es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”
El grupo civil Archipiélago, convocante de la manifestación, decidió que “no tenía otra opción” que anticipar la cita en las calles al 15 de noviembre, porque mantenerla el 20 “no tenía ningún sentido” después del anuncio del Gobierno, explicó su coordinador, el dramaturgo Yunior García Aguilera.
Los organizadores de la marcha interpretaron esa medida como “una amenaza, un mensaje no directo; pero por nuestra experiencia anterior, un mensaje más que claro de que no van a permitir la marcha”, según García Aguilera.
La plataforma virtual ciudadana Archipiélago había solicitado el mes pasado a través de cartas dirigidas al Gobernador de La Habana, Reinaldo García, y el intendente del Consejo de Administración Municipal (CAM) de la capital, Alexis Acosta, la autorización para llevar a cabo una manifestación pacífica contra la violencia el 20 de noviembre.
Una veintena de firmantes alegaron en su solicitud el reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019.
Además, argumentaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y expusieron que se trata de una marcha “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
Asimismo, hicieron extensiva su iniciativa a los ciudadanos de todo el territorio nacional y se han registrado peticiones similares a las autoridades locales en otras ciudades como Cienfuegos, Pinar del Río, Holguín y Santa Clara.
Como hasta la fecha, según dijo García, no habían recibido una respuesta oficial de las autoridades, “entendimos que las señales como citaciones y amenazas a los firmantes de las solicitudes de las marchas, no eran positivas y que no se iban a permitir”.
Los organizadores de la manifestación destacaron que su reprogramación para el 15 de noviembre coincidiría con la reapertura de las fronteras al turismo internacional y mantienen las características del proyecto, que prevé la participación de unas 5.000 personas con un recorrido que comenzaría en la avenida Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de realizarse, la marcha del 15N podría sentar un precedente histórico.
