La comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, presidida por el senador Dani Nolasco, trató el tema de la modificación de trámites procesales frente al COVID-19, con la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, y el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella.
“Es nuestra forma de trabajo consultar con todas las partes antes de emitir un dictamen, más considerando este tema de tanta importancia para la administración de justicia en estos tiempos complicados por la pandemia”, expresó Nolasco.
El proyecto establece, entre algunos puntos, que se celebren audiencias por medios virtuales y que las resoluciones judiciales – como decretos, vistas y traslados- se comuniquen por vía electrónica. Además determina que el préstamo y remisión del expediente papel solo será proveído favorablemente si su compulsa resulta absolutamente indispensable, lo que queda a criterio del juez a cargo de la causa.
Lapad solicitó a los senadores que se realice un trabajo cuidadoso en este proyecto. “Nos sorprendió mucho cuando la Cámara de Diputados aprobó este proyecto, ya que no fuimos consultados en nada y consideramos que somos parte en este asunto también. Por eso agradezco la deferencia del Senado en recibirnos y escuchar nuestra postura”.
El gran problema que se presenta es que los expedientes no se encuentran digitalizados y para el trabajo de los Asesores de Incapaces resulta imperioso acceder a las actuaciones en papel para una evaluación cuidadosa del caso”.
“El COVID no puede impedir el acceso a la Justicia. Dictaminar sin tener acceso al expediente sería irresponsable y derivaría en que la actuación del Asesor de Incapaces fuera simbólica. Y esto es algo muy grave”.
García Castiella coincidió en todos los puntos expresados por Lapad.
“En el contexto de la pandemia es importante preservar un equilibrio responsable entre la necesidad de que el sistema judicial funcione y sostener el valor Justicia”, agregó.
