Aseguran que no ocurre lo mismo con otros convenios suscritos en otras jurisdicciones provinciales, como único agente financiero.
Es más, se acusa a la entidad bancaria de no cumplir con lo acordado en 2016, cuando en el gobierno de Juan Manuel Urtubey se prorrogó por otros 10 años el convenio, pero debía por un lado hacer una inversión de 200 millones de pesos en infraestructura para el interior salteño por un período de 3 años así como conceder créditos blandos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), compromisos que no se cumplieron.
La iniciativa legislativa fue del senador José Ibarra (Guachipas-Salta tiene Futuro), quien logró el respaldo del resto de los senadores en la aprobación de la Resolución que será remitida al Poder Ejecutivo Provincial.
Ibarra en su alocución, señaló que: “El Poder Ejecutivo Provincial debe analizar la conveniencia de reformular el convenio de vinculación que actualmente mantiene con el Banco Macro. Se ha recibido la provincia con una deuda de 9.500 millones de pesos a lo que se suma la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus, que genera un estado de crisis agravada con el colapso de la economía en su conjunto. No solo paraliza la actividad productiva sino también determina una reducción significativa de ingresos con los cuales debe sostenerse la administración pública para cumplir con los servicios esenciales”.
“Como se advierte -continuó- existen razones más que fundadas, en el marco de la crisis invocando la efectivización y la administración de gastos públicos, planteando un nuevo convenio de vinculación con el Banco Macro. Incorporando las ventajas comparativas que hizo el Banco Macro S.A. con las provincias de Jujuy, Misiones o Tucumán”.
Citó como ejemplo que los servicios que pagamos los salteños son más caros que los que abona la provincia de Jujuy. También que Santa Fe recibe un canon de la entidad bancaria vinculada al grupo Petersen por ser agente financiero exclusivo y esto es “más que lógico”, consideró.
Expresó que Banco Macro S.A. tiene en Salta en cautiverio más de 100 mil cuentas bancarias y el manejo de la totalidad de la transferencia bancaria “por la que se nos cobran comisiones sin que podamos conocer cuál es la ventaja y sin que se nos brinde un trato diferencial”.
En otro momento de su exposición, dijo que: “Entendemos que el Banco Macro debe pagar un canon fijo y no un canon variable, ambos anuales. Y que debe presentar servicios sin cargo a la provincia como la bancarización de haberes de empleados, tanto activos como pasivos, la acreditación y transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal y municipal de impuestos, el transporte físico del dinero en efectivo que a la fecha se encuentra a cargo del Estado provincial o los empleados públicos cautivos”.
Manifestó que el Banco Macro percibe cifras elevadas cada vez que la provincia recibe ingresos por regalías, la coparticipación nacional o transfiere a los municipios, también cada vez que el Gobierno paga los haberes o realiza operaciones de cualquier tipo en la entidad. De esta manera, el costo financiero para la Provincia resulta oneroso y ha crecido año tras año.
Incumplimientos en infraestructura
El legislador, quien es vicepresidente segundo del Senado Provincial, advirtió que en 2016 se impuso como condición para la prórroga de 10 años del convenio con el Banco Macro S.A. que éste debía invertir en infraestructura un monto de 200 millones de pesos en el interior durante 3 años, a la vez de conceder créditos a tasa promocional para las pequeñas y medianas empresas. “Nada de eso ocurrió”, afirmó Ibarra.
