Antes de tomar una decisión en la causa visitarán el territorio sobre las cuales se solicita una delimitación entre el territorio indígena, y las tierras a las que se deben trasladar las comunidades criollas. En principio, indicaron que la visita se haría en mayo.
En el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó que la Corte tome la decisión de intimar al Estado a cumplir con los compromisos de llegar a delimitar, demarcar, monitorear la zona para evitar alambrados y tala ilegal de madera, y generar garantías del cumplimiento del traslado de las comunidades para hacer efectivo los derechos de las comunidades indígenas sobre el territorio.
Fue Francisco Pérez, el coordinador de la asociación Lhaka Honat, quien solicitó lo propio ante la Corte, al sostener que lo único que solicitan es poder tener independencia para resolver las comunidades internamente la gestión del territorio.
Sin embargo, desde la Comisión no se pidieron tiempos a cumplir, lo cual sí sucedió cuando desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que estuvo representado por el abogado salteño, Matías Duarte, Diego Morales y Erica Smith Hoover. En el caso, solicitaron tiempos de hasta dos años para que desde el Estado Argentino se cumpla con el acondicionamiento de las 243 mil hectáreas para trasladar a los criollos, más tomando en cuenta que el proceso de negociación viene desde 1984, por lo menos.
Ante la Corte, en tanto, se aclaró que el decreto de la provincia que dispone la entrega y delimitación de las tierras es un paso "importante", pero que sigue sin ejecutar las intenciones vertidas en lo escrito, dado que las tierras no fueron nunca tituladas.
