Afirman que se reunieron con representantes del Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia y con Vialidad de la Nación sobre el proyecto licitatorio lanzado, pero ninguno pensó en una consulta o un estudio de impacto ambiental sobre cómo afectaría el tema a las comunidades.
El proyecto se hizo público tras el inicio del proceso de licitación que convocaba a empresas interesadas en la construcción.
Así fue como la Comunidad Indígena de “La Loma” se enteró que el Gobierno de la Provincia estaba planificando la construcción de un tramo de ruta que atravesaba territorio comunitario.
La obra es financiada por fondos nacionales y está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Nación. El gobierno provincial, a traves de la Dirección de Vialidad Provincial, se encuentran encargados de la recepción de oferentes a la licitación.
El proyecto prevé unir la Ruta Nacional N° 50 y 34, y con ello conectar a las localidades de Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán. La licitación pública N° 22/2021 bajo expediente N°0110033, convocó a distintos oferentes que quieran llevar adelante la obra en la zona y preveía la apertura de sobres para este 28 de enero.
Sin embargo, tras anoticiarse los distintos representantes de las comunidades presentaron una nota en reclamo sobre la obra la Dirección de Vialidad de Salta, donde desde la dependencia les suministraron a los originarios los planos e informes sobre el proyecto.
En base a estas presentaciones, provincia pospuso la apertura de los sobres, según indicaron fuentes oficiales.
Mirco Neuenschwander, secretario de la comunidad wichi de Misión La Loma, afirmó a Nuevo Diario que nunca se produjo una consulta del tema a las comunidades.
“Mantuvimos reuniones con Asuntos Indígenas de la Provincia y con Vialidad, ambos sectores quieren que la ruta se haga, ninguno pensó en cómo afectaría el tema a las comunidades” dijo Neuenschwander.
La comunidad de la zona habría recibido la titularidad de las tierras donde viven de parte de una iglesia evangélica que está presente en la zona, bajo la Cédula parcelaria número 8040 y con relevamiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Con estos documentos no sería posible que sin un concentimiento de la comunidad avance un proyecto como la una nueva ruta que atraviese su territorio.
Neuenschwander denunció que han sufrido aprietes para que cedan a sus reclamos y permitan que se lleve a cabo el emprendimiento. “Nos dijeron que nos iban a quitar la personería jurídica de la comunidad”, expresó.
Reunión con Almaráz
En horas de la mañana el secretario Luis Gomez Almaraz mantendrá una reunión con los referentes de la zona a fin de intermediar entre las partes.
Las comunidades por su lado han dicho que les han ofrecido “puestos de trabajo” para intentar convencerlos de aceptar las obras.
“Nos ofrecieron darnos 3 o 4 puestos en la obra para la gente que no tiene sostén económico, pero nuestra es dependiente del monte, que se deforeste en la zona para hacer una ruta va a afectarnos de manera fuerte en nuestra vida cotidiana”, dijo Neuenschwander.
Por su parte, Juan Braccamonte, vicepresidente de la comunidad Wichí y Timoteo Segundo, presidente de la comunidad Toba, manifestaron a este medio que participarán de los encuentros con funcionarios, pero adelantaron que defienden el interés de las comunidades.
“Hace años que pedimos un pozo de agua en la zona ante la demanda del servicio, no pueden garantizarnos eso y ahora plantan este proyecto de ruta” dijo Braccamonte a este medio.
Neuenschwander por su lado sostuvo que Almaraz y la Secretaría de Asuntos Indígenas, buscan dividir a las comunidades para que el proyecto pueda salir. “Tienen una capacidad tremenda de manipulación” sostuvo el secretario.
La respuesta de vialidad nacional
Al respecto Francisco Agolio, director de Vialidad Nacional, afirmó a este medio que han recibido el proyecto pero que aún está en proceso de evaluación y no se ha empezado a ejecutar la obra.
“Aún no tenemos los informes técnicos correspondientes para ejecutar la obra, por lo que si existen problemas de legalidad sobre el territorio de las comunidades, lo sabremos una vez tengamos los informes legales”, asevero al respecto el funcionario.
Agolio además desestimó que la obra se esté llevando a cabo y que por el momento solo se han realizado “pasos administrativos obligatorios de una licitación pública".
