De esta manera, las comunicadoras puntualizaron la histórica demanda en el norte del país y sobre todo en la provincia de Salta. "Durante enero y febrero fueron numerosos los reclamos por el agua en las Comunidades Indígenas en Salta, como también la urgente aprobación del proyecto "tanque elevado" que desde hace más de dos años es ignorado por las autoridades municipales y provinciales.
Llegó el COVID-19 y las Comunidades Indígenas tuvieron la esperanza que esto se iba a solucionar por la pandemia. El Estado no garantizó los cuidados necesarios para evitar los contagios. Sin embargo, esos reclamos tienen una raíz mucho más compleja que tiene que ver con un pacto entre empresarios y el Estado".
Asimismo, aseguraron que "no es casual que indígenas y niñeces de Santa Victoria Este y Tartagal sufran y mueran de deshidratación, pues la explotación de sus territorios y recursos naturales como el agua para los negocios extractivistas, son las principales causas que los dejan sin nada, sin poder autoabastecerse.
De esta manera se deshumaniza y naturaliza que vivan en situación de pobreza, deshidratados mendigando lo que le pertenece a su propio territorio. El despojo y el genocidio que aún no tiene reparación".
En esta línea, Argentina cuenta con el 22% de los 44 millones de habitantes que no tiene acceso a la red pública de agua y cuatro de cada diez no tienen cloacas, lo que impacta en la salud pública provocando cuadros de parasitosis que afectan especialmente a los niños.
Las cinco provincias que viven las situaciones más críticas de acceso al agua de red son Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, Salta y Chaco. En el caso de hogares sin cloacas las más complicadas son Chaco; Formosa; Salta; Tierra del Fuego y Misiones.
