Allí, junto a todo su gabinete y el intendente Rogelio Nerón de Santa Victoria Este, conformaron una mesa de diálogo. Sin embargo, los originarios continuarán su camino a la capital provincial, pero en colectivos facilitados por la provincia: "Queremos garantías en la casa de gobierno", recalcaron los caciques a Nuevo Diario.
Las poblaciones reclaman el histórico desentendimiento del Estado, que se vio acentuado en el marco de la pandemia por COVID-19, motivando esta marcha que cobró repercusión nacional. Los reclamos abarcan, entre otros puntos, la falta de asistencia con módulos alimentarios, o las posibilidades al acceso a la tarjeta alimentaria, la eterna promesa del agua a las comunidades, el acceso a un sistema de salud que los incluya, la problemática de las adicciones en jóvenes; también la falta de asistencia integral a niñas y mujeres víctimas de violencia de género, de violaciones grupales.
Finalmente, estos pedidos llegaron a oídos del mandatario provincial, que al entablar una mesa de diálogo, evitó un conflicto de condiciones similares a las que tuvo que afrontar el gobierno de Juan Manuel Urtubey en su última etapa, por el reclamo de educación intercultural.
"Escucho que se habla de postergación y me toca dar la cara y decirles que voy a hacer humanamente lo posible", dijo un compungido Gustavo Sáenz que justificó ante el centenar de miembros de distintas comunidades que "nos sorprendió con dolor y tristeza la pandemia y que muchos proyectos no pudieron avanzar".
"Entiendo que llega un momento que hay que reclamar lo que corresponde y no es nada más ni menos que dignidad", recordando que en 10 meses de su gestión "se hicieron más cosas que en décadas o nunca".
"Aquí estoy poniendo la cara, y eso es histórico", dijo Sáenz, quien junto a todo su gabinete en Pichanal se comprometió a una mesa de diálogo y les pidió que vuelvan a sus casas, que no pasen hambre: "Tienen razón, nadie quiere un bolsón ni un colchón ni una chapa, lo que quieren es dignidad", dijo.
El mandatario provincial además recordó que a poco de asumir se declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín, donde residen la mayoría de las comunidades, y que se puso en el plano nacional las postergaciones históricas de estos pueblos.
