Por una orden judicial, los trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cesaron en su protesta y despejaron la ruta. Sin embargo, vaticinaron que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado hasta que 14 trabajadores afiliados al gremio sean reincorporados.
“El intendente incumplió con el compromiso que había adquirido en la reunión que se hizo en el despacho de Mario Cuenca y por eso cortamos la ruta. Quedó en comunicarse con nosotros para ver qué decisión tomaba y nunca atendió el teléfono”, explicó Valeria Martínez, delegada de UPCN.
Finalmente, luego de la última reunión conciliatoria llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo, Wayar había accedido a reunirse con los referentes gremiales, en las oficinas del Mario Cuenca, secretario de Asuntos Municipales para dialogar sobre el conflicto.
Si bien en un principio eran 42 los trabajadores que fueron notificados de la caída de sus contratos, situación por la que UPCN declaró medida de fuerza, durante el transcurso de las protestas la intendencia fue reincorporando a algunos de ellos.
“De los 42 desvinculados inicialmente, el municipio no reincorporó a 14 trabajadores que son afiliados a UPCN. A los otros los fueron llamando por aparte para negociar individualmente con la condición que se desafilien del gremio", indicó Martínez.
Contó que entre los cesanteados habían afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero como el delegado Oscar Silva fue “puntero político” de Wayar y nombrado capataz general del municipio, no tomaron medidas.
“Tienen conflicto de intereses, no se puede ser gremialista y funcionario. Nosotros sentimos que hay persecución hacia nuestros afiliados”, agregó.