Desde el Estado ya se había decidido disponer ese destino para la mayor de las hijas de la joven, que vive en la comunidad Kilómetro 7 de Tartagal, y como “medida preventiva”, decidió disponer lo mismo con su bebé más chico.
Según se explicó desde la Defensoría General de la provincia, se había resuelto iniciar el proceso de adoptabilidad para el niño de 2 años “por considerarse que si la mayor no había podido ser criada por su progenitora, el menor correría la misma suerte”.
Ante la puesta en conocimiento de que se haría lo mismo con su hijo menor que con su hija más grande, la joven madre recurrió a la Defensoría Oficial Civil N° 1 de Tartagal, a cargo de la abogada Rosa Díaz.
La funcionaria inció entonces un trabajo multidisciplinario para el que convocó a asistentes sociales y psicólogas e involucró al Ministerio de la Primera Infancia y a la Municipalidad local.
"Mi defendida tenía claro que no quería que su hijo menor fuera entregado en adopción como había ocurrido con su hija mayor con quien, ni siquiera, tuvo tiempo de formar un vínculo. Su condición de mujer aborigen, sin recursos personales ni económicos para lograr empoderamiento y autonomía para el desempeño del rol materno, fueron las primeras circunstancias que nos propusimos revertir", señaló Díaz.
Explicó luego que a través de diversas articulaciones la progenitora logró instalar una huerta en su comunidad, generar un ingreso, acceder a un beneficio social y revertir su situación hasta demostrar que no sólo quería ejercer su rol de madre, sino que haría todo lo que estuviera a su alcance para afrontar sus obligaciones y responsabilidades.
Ante los reclamos elevados, en tiempo récord la defensora logró que el bebé sea devuelto a su madre, justo a tiempo para poder pasar juntos la Navidad.
La defensora General, María Inés Diez, afirmó que se debe tener en cuenta la interculturalidad y la necesidad de esta mujer de no pasar por lo mismo, lo cual la llevó a buscar ayuda a como dé lugar.
