En el Concejo Deliberante surgieron muchas voces en contra sobre el punto de la licitación del servicio de fotomultas que establecía que la empresa ganadora recibiría el 45% de los montos que se recauden de las infracciones de los conductores salteños.
En primera instancia el cuerpo de ediles fijo un tope sobre este punto al porcentaje y fue el único cambio que la Municipalidad admitió en los pliegos del llamado a licitación.
“Yo entiendo que esta cláusula hace ilegal la licitación porque la Ley Nacional en el artículo 69 inciso G establece expresamente la prohibición del Estado a otorgar gratificaciones a quienes constaten multas sea por cantidad de multas constatadas o por el monto de la recaudación. Nosotros adherimos por ordenanza a la Ley Nacional y ese artículo no se excluyó”, remarcó la edil Paula Benavides quién explicó que la forma debería ser una contraprestación fija con la posibilidad de una cláusula de revisión.
Sobre este punto el subsecretario de Seguridad y Educación Vial, Raúl Córdoba defendió los porcentuales a favor de la empresa, argumentando que es "imposible" colocar un monto fijo ante la inestabilidad económica producto de la escalada inflacionaria del país.
El funcionario también subrayó ante Nuevo Diario que puntos como este generarían una baja en las ofertas de empresas para hacerse cargo del servicio.
“Los concejales tienen que tener también que la Carta Orgánica establece situaciones en que el ejecutivo puede ir avanzando y después realizar la consulta al Concejo. Eso está bien claro. Se pidió la licitación, está en proceso y se van a abrir los sobres en la primera semana del mes de febrero”, señaló Córdoba y destacó que la licitación podría haber tenido lugar en el 2022 pero apuntó al concejo por generar demoras en el proceso.
Advirtió que el sistema busca corregir la inconducta de los conductores y que este sistema posibilitaría un control las 24 horas del día, algo que con el recurso humano limita los controles a las jornadas laborales.
En cuanto al porcentaje de recaudación correspondiente a cada parte (la empresa que sea adjudicada y la Municipalidad) sostuvo que el 55% del ejecutivo será destinado a la mejora de los aparatos, recurso humano y mayor planificación.
Además, aseguró que “no hay un objetivo recaudatorio”, sino de un “fuerte aporte a la seguridad vial”. En ese sentido, aseguró que la intendenta Bettina Romero es la primera en “poner un acento importante en el tema de seguridad vial”, y remarcó acciones como las pintadas de las sendas peatonales y carriles en el centro y avenidas, sumado a las más de 20 semaforizaciones nuevas.El subsecretario también remarcó que el sistema de fotomultas no elimina los derechos del individuo que pueden presentar sus descargos ante infracciones, con el mismo sistema de Tribunal de Faltas que hoy ya existe.
