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Suaina sostuvo que actualmente se encuentran realizando los reclamos administrativos al Gobierno de la Provincia y a Aguas del Norte en base a la respuesta de la jueza Cristina Mariana Ávila Ricci, al amparo presentado.
“Seguimos con esto en relación a los trámites que hay que proseguir haciendo, no estamos en condiciones de pagar, lo que estamos tratando de hacer es no tocar cuotas, no tocar ningún tipo de afectación que termina afectando a los padres en definitiva, por eso tratamos de hacer todos los trámites correspondientes”, afirmó.
Según dijo a este medio, desde el COPRODEC se siguió con los pasos que estableció la jueza Avila Ricci del Juzgado en Primera Instancia del Distrito Judicial Centro, en relación al amparo presentado por los colegios católicos a la Resolución Nª 734/21 del Ente Regulador de Servicios Públicos, que establecía el cese de subsidios en el agua a 15 colegios de Salta.
“Lo que hicimos fue seguir como se ha indicado en la contestación del amparo por parte de la jueza, en que se tenía que seguir el reclamo por la vía administrativa y luego la vía judicial”, dijo Suaina.
Suaina afirmó que desde la entidad que nuclea a los colegios de educación religiosa, vieron con mejores ojos iniciar los reclamos administrativos correspondientes a lo resuelto por el Ente Regulador, por lo que se dirigieron notas tanto al Gobierno de la Provincia como a la empresa Aguas del Norte.
“Se ha presentado toda la normativa legal que nos amparan”, acotó.
Sobre la resolución que tomó el Ente Regulador, el directivo de COPRODEC volvió a criticar lo dictaminado y sostuvo que la resolución dictada por la entidad estatal que conduce Carlos Humberto “Uluncha” Saravia, no respeta la vigencia de leyes que aún no han sido derogadas.
“El Ente Regulador dictaminó que no se haga lugar a las leyes vigentes, que ellos entienden que no están vigentes,… La vigencia es concreta y obviamente estamos trabajando para que se haga caso a las leyes vigentes, y no a las interpretaciones que haga el Ente Regulador”, expresó.
Suaina agregó que la forma en la que el Ente dictaminó los subsidios careció de un análisis minucioso y fue casi al azar para determinar cuáles instituciones sí y cuáles no contarían con el subsidio al servicio.
“Dentro de esa nómina, no sabemos quiénes están y quiénes no están, la desconocemos en su totalidad, pero sí sabemos que hay 15 instituciones del arzobispado y de congregaciones religiosas que están dentro de la legislación vigente y por las cuales se presentó el amparo”, sentenció.
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