El sindicato reclama mejoras salariales, el cese de la persecución laboral hacia una delegada gremial y que se desista de los nombramientos realizados por fuera de la estructura de cargos y de pagos del Fondo Estímulo a funcionarios que ya no trabajan en Rentas.
Evidenciaron además el deterioro edilicio de los puestos de control.
Este martes, los trabajadores volvieron a manifestarse en las puertas del edificio del organismo provincial de recaudación. El conflicto entre el gremio y la titular de Rentas, Mercedes Uldry, lleva varias semanas.
Daniel Farfán, delegado de ATE y José Isella, explicaron que llegarán hasta la huelga de hambre de no encontrar soluciones al conflicto.
Persecución gremial
Uno de los puntos fuertes de reclamo es la situación de Victoria López, una delegada gremial que ya cumplió los 65 años en mayo pasado y desde el organismo se insiste en que se acoja al beneficio jubilatorio.
Sin embargo, desde ATE remarcaron que López fue electa en diciembre del 2021 como delegada, por lo que tiene dos años de mandato bajo la tutela sindical reconocida por ley y puede seguir al frente de sus funciones laborales.
En este marco, Uldry mandó a consulta jurídica a la Fiscalía de Estado que dirige Agustín Peréz Alsina, para que se evalúe la revocación de la tutela sindical, lo que desde el gremio es considerado como una persecución y avasallamiento a los derechos sindicales.
Estado edilicio
Por otro lado, ATE hizo hincapié en el mal estado de los puestos de control.
Detallaron que el puesto de Vaqueros está totalmente deteriorado, que no tiene señalizada la ruta, ni techo para resguardar al camión fiscal.
En tanto, en el puesto de El Quebrachal la balanza de pesaje de camiones no funciona ni hay señalización en la ruta.
El puesto de El Naranjo tampoco tiene la correspondiente señalización. Lo mismo ocurre en el ex peaje Aunor, aunque se le suma que la balanza no funciona y que el tablón por donde pasan los camiones está deteriorado.
Ley Micaela
La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, y la subsecretaria Políticas para la Igualdad y Diversidad de esa área, Inés Bocanera, se reunieron con autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta a fin de coordinar la capacitación en Ley Micaela para su equipo de profesionales.
Los talleres, de 4 cuatro módulos, se dictarán a las y los abogados y trabajadores del Colegio. La iniciativa surge a raíz de la necesidad y responsabilidad de actuar ante las distintas formas de violencia por razones de género en ese ámbito. En ese sentido, las autoridades acordaron la creación de protocolos que aborden, de manera efectiva, el flagelo en el interior de la institución y la actuación eficaz en los fallos judiciales, y la promoción de la igualdad de oportunidades.
