Su nombre oficial es: Comité Provincia para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Fue creado en el 2017 mediante la ley N° 8024. Funcionará ubicado en Santiago del Estero 2091, segundo piso.
Integran este Comité: Cristina Cobos y Rodrigo Solá, en representación de las organizaciones sociales, Ramón Corregidor por la Cámara de Diputados, y Marcelo Robles por la Cámara de Senadores.
Su desempeño se concretará tras 5 años desde su creación por ley y con financiamiento asignado recién en 2021.
Tras 4 años desde su creación, en el 2021 el Comité finalmente contó con una partida presupuestaria asignada por el Gobierno de la Provincia y con sus integrantes ya nombrados ya que se habían realizado el concurso de cargos correspondientes.
Solo faltaba la firma del decteto respectivo del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, requisito necesario para su puesta en funcionamiento.
Durante todos estos años que no se formalizaba la creación del organismo, organizaciones de derechos humanos protestaron constantemente sobre la irregularidad de la situación.
"Al no estar el Comité Provincial funcionando, es un órgano menos de denuncias, de lucha, de choque, contra los que están produciendo violencia institucional", expresó en su momento sobre el tema Cristina Cobos, integrante del comité en representación de los organismos de DD:HH.
La octava provincia que tiene un comité
En la mañana en un acto de puesta en funciones, se realizó en el Centro Cívico Grand Bourg. El comité contará con un financiamiento superior a los $10 millones de pesos y con oficinas en la calle Santiago del Estero 2291. Es la octaba provincia del país que lo pone en funcionamiento.
Además cuenta con la designación de Cobos y Solá, como representantes de las organizaciones de derechos humanos, que rindieron concurso para acceder al cargo y que tendrán un sueldo equiparado con el de un Director del Poder Ejecutivo Provincial.
Sus tareas específicas
El comité tendrá como principal tarea, según lo estipula la ley, fortalecer el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, haciendo recomendaciones a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales urgentes, para el cese de cualquier maltrato que pudiese surgir en las instituciones de reclusión, y su investigación inmediata para la protección de la víctima.
También, se trabajará también en la elaboración de protocolos de actuación en base a la inspección de los establecimientos de detención.
El organismo deberá trabajar de manera coordinada, complementaria y en cooperación con entidades públicas, estableciendo instancias de diálogo permanente.
Tendrá independencia funcional y autónoma y un presupuesto propio para su pleno funcionamiento en la provincia.
Los cinco miembros, elegidos por concurso público de antecedentes y oposición, durarán en sus cargos cuatro años pudiendo ser reelectos una sola vez.
Derechos de los privados de la libertad
Según explicó el ministro Ricado Villada a Nuevo Diario, “Salta ha sido pionera en la creación del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura en 2017, acorde a las disposiciones nacionales e internacionales. Actualmente, somos la octava provincia que cuenta con este órgano que busca la plena vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
Su puesta en funcionamiento forma parte de la puesta en marcha del sistema de prevención para la tortura, que está integrado además por un consejo consultivo al que podrá recurrir el comité.
“Son dos órganos que tienen que garantizar los derechos de las personas que están privadas de la libertad: el consejo consultivo tiene la misión de generar recomendaciones y el comité debe controlar los centros donde están las personas en situación de encierro, realizar inspecciones y obviamente formular las denuncias correspondientes cuando no se cumpla la vigencia plena de nuestros derechos humanos”, explicó Villada.
