El asesinato de Liliana del Valle Flores ocurrió el pasado 24 de diciembre, y por el hecho, el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7, para Aguirre como autor de los delitos de abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal y para Córdoba como autor del delito de violación de medio de prueba, registros o documentos.
Torres Rubelt sostuvo que en el marco de la investigación que se llevó adelante, se pudo determinar que del relevamiento de testigos y del análisis del celular del efectivo, al momento en que se produjeron las detonaciones en el interior de la vivienda de Flores, el policía Aguirre se encontraba manteniendo una comunicación telefónica personal con una mujer, la que interrumpió al escuchar los disparos y para comunicarse con la dependencia policial de la que dependía. El fiscal resaltó el hecho de violencia familiar que se registró horas antes del femicidio, cuando la mujer alertó que su expareja la había golpeado y amenazado con un arma de fuego, y en que la consigna fija y personal que se le asignó a la víctima, debía velar por su bienestar y el de sus hijos hasta que Hedgar Exequiel Almirón fuera detenido. En el caso de Córdoba, quien se de-sempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre, la acusación sobreviene a partir del resultado de la pericia documentológica realizada por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales a uno de los registros del libro de guardia de la Subcomisaría, secuestrados tras el femicidio.
En el registro de las 6:40 del 24 de diciembre de 2019 del instrumento público, se pudo comprobar que hubo adulteraciones en relación a las directivas dadas inicialmente por la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por la víctima durante la madrugada, lo cual agravó la acusación.
