Del total, la mayoría corresponde al Distrito Centro, seguidas por Tartagal y Orán, y menos de la mitad de éstas fueron remitidas a Derechos Humanos para su tratamiento.
Las cifras continúan preocupando en un contexto en donde existen inclusive, graves denuncias por parte de organismos, como el Comité de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, que recientemente inició una investigación sobre la muerte de tres internos de servicios penitenciarios por causas no naturales. A esto se le suma otro de los datos más reveladores, consiste en que, de la totalidad de las denuncias, solamente hubo 116 imputados, 16 condenados, de los cuales sólo 6 cumplen prisión efectiva.
Los números
Los siguientes números corresponden al presente año, desde enero a la fecha 2/11/22. El total de ingresos corresponde a 1388 denuncias en la provincia. De las cuales: 1110 corresponden al Distrito Judicial Centro, 154 corresponden a Sede Tartagal, 101 a Sede Orán 23 abarcan a Sede Metán.
El total de averiguaciones preliminares (AP) fueron 198. Hubo 388 comunicaciones con el Juzgado de Garantías y otras situaciones; mientras que actuaciones provenientes de otras fiscalías y remitidos a Derechos Humanos fueron 476 ingresos. Los legajos en trámite suman 23 solamente, entre personal policial y penitenciario. El total de imputados fueron 116, los que alcanzaron sentencias 16 condenados, 6 de los cuales son de cumplimiento de prisión efectiva y 6 absoluciones.
La violencia institucional es un fenómeno complejo que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes, hasta las formas más extremas de violencia, como la tortura física y psicológica o el asesinato.
Se trata de prácticas estructurales de violación de Derechos Humanos que van desde la vulneración del debido proceso, la discriminación o el sometimiento a un proceso penal en el marco de una "causa armada", las detenciones arbitrarias, la extorsión policial , los daños físicos, las ejecuciones y la tortura llevadas adelante por funcionarios o funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.
