También presentarán un amparo por el derecho a la vida del niño por nacer. Los manifestantes Provida no cortan la calle en Deán Funes y España.
Solo muestran pancartas contra el aborto cuando el semáforo se pone en rojo. Su objetivo es visibilizar su pedido sobre la inconstitucionalidad en el Juzgado Federal de Salta.
En enero, el Juzgado Federal N° 2 de Salta, por ese entonces a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria para tratar el pedido de inconstitucionalidad, que fue recibido por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien solicitó el tratamiento de la demanda.
A principios de marzo Medina se jubiló y Mariela Giménez pasó a ocupar su lugar como subrogante.
Denise Cajal Yoldi indicó que la manifestación, además, tiene por objetivo apoyar a la jueza para que se expida en la causa. "Pedimos que se respete la Constitución, va más allá de la ideología que uno defienda. Va más allá de los pañuelos verdes o celestes, sino con la defensa de nuestras leyes y de lo que dice la Constitución. Hace cuatro meses que está el pedido y no se resuelve", agregó.
La referente sostuvo que en Salta el 95% de los profesionales de la salud son objetores de conciencia. "Tenemos información que los casos desde el ámbito privado se están derivando porque no pueden lucrar con esto", afirmó Cajal, y aportó que cuatro médicas, algunas de ellas del hospital Público Materno Infantil, están por poner una clínica para realizar abortos.
"Vienen intereses extranjeros a comprar los fetos, embriones y a comprar los órganos de esos fetos. Estoy esperando que me confirmen dónde se instalaría esta clínica, por eso dependemos de lo que pase mañana (por hoy) queremos que la jueza sea justa y que la Justicia sea independiente para que se cumpla la Constitución de Salta en el artículo 10 y de la Nacional en el artículo 19", sostuvo Cajal.
Los grupos Provida afirman en el escrito que presentaron ante la Justicia Federal que el protocolo que se aprobó en el Congreso es inconstitucional porque elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación. Sostienen, también, que posibilita que se practiquen actos crueles e inhumanos, prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
