De esta manera resulta oportuna para revisar la alarmante situación de uno de los sectores más precarizados e invisibles.
Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer dieron a conocer una serie de datos relevantes sobre este tipo de trabajo, que es actualmente la principal ocupación de las mujeres en el país: de allí se desprende, por ejemplo, que de ese universo, el 72,4% no se encuentra registrada, por lo que no cuentan con beneficios fundamentales, como vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni cobertura de salud. Para Salta, el 17% de las mujeres ocupadas son trabajadoras de casas particulares, y solo el 0,3% de los varones ocupados trabajan en este rubro. Además, un gran porcentaje de esas mujeres, son en su mayoría jefas de hogar, por lo que son quienes procuran los ingresos fundamentales para sus hijos.
Una réplica en toda Latinoamérica
Argentina se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor número de mujeres empleadas en el denominado “servicio doméstico”, junto con Paraguay y Brasil. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y la Encuesta Nacional de Trabajadores sobre condiciones de empleo del año 2018, hasta el momento de la pandemia el sector ocupaba el 17% del total de personas ocupadas y registradas y el 22% del mercado laboral femenino, con una población de trabajadoras cercana al millón y medio. Pandemia mediante, se calcula que el 60% (datos UTDA y Ecofeminita) de las trabajadoras perdieron su trabajo, recibieron cobros por debajo de sus ingresos regulares y fueron objeto de todo tipo de atropellos por parte de los empleadores.
Régimen especial y salarios extremadamente bajos
Hasta 2013 el estatuto que regía para las trabajadoras del sector era un decreto (Ley 326/56) de la dictadura de Aramburu, con escasas protecciones, derechos y regulaciones, y que fue derogado bajo el gobierno de Cristina Kirchner al sancionar el 3 de abril de ese año una ley específica para las trabajadoras. Sin embargo, el reconocimiento formal al gremio todavía sigue siendo una deuda pendiente.
Si bien la norma implica el reconocimiento de derechos en torno a la jornada laboral, el descanso semanal, vacaciones y licencias, mantiene un “régimen especial” dejando a estas mujeres por fuera de la ley de contrato de trabajo, algo que tiene diversas implicancias como, por ejemplo, que ante un reclamo legal las trabajadoras recorren un camino diferencial al de cualquier trabajador/a, debiendo recurrir a un tribunal específico donde se ejerce una fuerte presión. Por otro lado, la ley no ha resuelto el problema del trabajo no registrado, pese a los números de la informalidad anteriormente detallados
Mayor precarización durante la pandemia
Durante la pandemia y el aislamiento obligatorio la situación de precarización y malestar para las TCP se profundizó, aunque la actividad no fue declarada como esencial, muchos empleadores ordenaron a las trabajadoras a concurrir igual a sus domicilios a partir de cambios de categoría bajo el mote de “cuidado de personas”, sin ningún tipo de protocolos de higiene y exponiéndose al contagio, persuadidas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y aumentando el nivel de explotación. A esto se suman las situaciones de violencia en los hogares, que aumentaron también con el aislamiento.
Sobre esta conmemoración, la referente del sector en Salta, Ana Rosa Díaz, recordó la lucha que llevan desde hace años: “Aunque muchas veces nuestra voz solitaria no se escuche. Aunque sigamos siendo invisibles para las personas, debemos seguir unidas”, reflexionó en las redes sociales.
