Así lo hizo el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) a través de un comunicado.
Con anterioridad también manifestaron su rechazo, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Agrupación de Abogados y Abogadas del Frente Grande.
El pasado 15 de diciembre, Luisa Liliana Hermosilla, fue sacada a la fuerza por efectivos del GOPAR, Bomberos de la Policía, SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica de una de las oficinas de la Cámara de Diputados ubicadas en Rivadavia al 700. El Ministerio Público la imputó por el delito de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional.
"Altas autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales y del Ministerio Público han reunido sus fuerzas -que son muchas- para arrestar a una empleada de la Cámara de Diputados. El "delito" cometido consistió en denunciar abusos de poder y comportamientos deleznables merced a los cuales conocidos funcionarios obtuvieron ventajas impropias de un Estado democrático. Se le persigue también por haber permanecido en su puesto de trabajo declarando su intención de custodiar los bienes públicos" marca el comunicado de FOCIS.
Para el Foro, la detención de Hermosilla "fue a todas luces, un intento de disuadir este tipo de protestas. Un modo de exhibir un Poder contundente que, pensado para enfrentar a la delincuencia organizada, se moviliza tras un objetivo que tiene que ver con mezquinos intereses y no con los intereses generales de la sociedad ni con el orden público".
Remarcaron que Hermosilla "fue víctima del autoritarismo salteño que exhibió uñas y dientes para reprimir a quien osó hacer públicos los manejos ilegales de altos cargos en la Legislatura provincial".
Por eso, el Foro rechazó el atropello y pidió la anulación “de los actos abusivos adoptados por las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta, y el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de la doctora Luisa Liliana Hermosilla”.
Opina el Frente Grande
Desde el Frente Grande, remarcaron que la detención de Hermosilla fue arbitraria y que no se justificó el procedimiento desmedido por el número de miembros de la policía y a altas horas de la noche que tenía por objeto amedrentarla y aleccionarla por las denuncias que realizaron contra políticos de la Cámara de Diputados.
"El hostigamiento y persecución contra la abogada también alcanzó a varias mujeres del área administrativa, quienes por temor no accionaron sabiendo que están en desventaja ante el poder que detentan los agresores que pertenecen al riñón del gobernador", señala el comunicado de la agrupación.
