Los ecos de la reciente aprobación de la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos tras su reciente aprobación en el Senado de la Nación siguen girando, sobre todo en la proyección de los alcances y efectos de estas profundas reformas que promueve el Gobierno Nacional en las vidas de argentinos y argentinas.
El abogado salteño Sebastián Aguirre Astigueta, en diálogo con Nuevo Diario, ofreció un análisis exhaustivo de las implicaciones de este proceso legislativo, destacando las dificultades y controversias que han surgido en torno a esta ley.
Un proceso legislativo caótico
Aguirre Astigueta criticó duramente la manera en que se han gestionado las iniciativas legislativas del gobierno, calificándola de “desordenada, inexperta, desmesurada y claramente problemática”. Según el abogado, las constantes idas y vueltas entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, con adiciones, correcciones y rechazos, han creado un escenario extremadamente complejo. “Todo decanta entonces en resolverse de forma indebida y contribuye al tembladeral de inseguridad jurídica de la República”, afirmó.
Impacto en la Seguridad Jurídica
El abogado expresó su preocupación por el impacto que este proceso puede tener en la estabilidad jurídica del país. “Vamos a estar años discutiendo la validez constitucional del DNU 70/23 y estas dos leyes llamadas Bases y paquete fiscal”, dijo Aguirre Astigueta, señalando que la confusión y el desorden normativo son exacerbados por la insistencia del gobierno en temas que no cuentan con consenso legislativo y que desconocen acuerdos políticos fundamentales.
La sombra de la corrupción
Otro aspecto preocupante del proceso legislativo es la sospecha de corrupción. Aguirre Astigueta mencionó que “un voto del oficialismo, el de una senadora, de la que se sospecha corrupción por su compra como voto a cambio de una embajada en París”, ha contribuido a ensombrecer aún más la aprobación de la ley.
Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad del proceso y el respeto a los principios democráticos, según sostuvo el abogado constitucionalista salteño.
El papel de la Cámara de Diputados
Según la Constitución, la Cámara de Diputados tiene ante sí una “alternativa binaria”: aceptar la versión del Senado o insistir con la redacción original reuniendo la misma mayoría que se obtuvo en la Cámara revisora cuando se aprobaron las correcciones y adiciones. Aguirre Astigueta subrayó que la segunda opción no incluye rechazos como la privatización de Aerolíneas o nuevos impuestos, elementos que forman parte de delicados acuerdos políticos que podrían desmoronarse si no se respetan. “No puede Diputados insistir respecto de los tramos normativos que fueron rechazados o no tratados por la Cámara revisora”, explicó, advirtiendo que hacerlo “impactaría en la esencia del diseño bicameral de nuestro proceso de sanción de leyes. Todo en desmedro de la República y el Estado de Derecho”. La gestión desordenada y conflictiva del proceso legislativo, junto con las sospechas de corrupción y las complicadas dinámicas políticas, destacan la necesidad de un enfoque más estructurado y consensuado para asegurar la estabilidad jurídica y el respeto a los acuerdos políticos.