Juzgan a un ex militar y ex comisarios provincial y federal por casos de Lesa Humanidad
El Tribunal Oral Federal N°1 inició el juicio a un ex militar y un ex comisario de la policía provincial por el crimen de un médico, cuyo cuerpo fue dinamitado. En tanto, el TOF 2 hizo lo propio con un ex integrante de la Policía Federal, acusado por tormentos agravados a un militante peronista detenido ilegalmente por más de 7 años en distintas cárceles del país.
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus, comenzó el juicio seguido contra los ex militares Ernesto Alejandro Repossi y el ex comisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por el asesinato del médico Pedro Enrique Urueña.
El crimen ocurrió el 16 de diciembre de 1975, como resultado de un “operativo” conjunto, entre fuerzas del Ejército y la Policía de Salta, quienes secuestraron a Urueña de su casa en Tartagal, para luego ejecutarlo a balazos y dinamitar su cuerpo. El móvil, en tanto, está vinculado con la labor política y social que desarrollaba el profesional en el norte de la provincia.
En vista de este raid criminal, la acusación penal incluye los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida por un funcionario público, con abuso funcional y falta de las formalidades prescriptas por la ley, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas; en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Pedro Enrique Urueña.
Tratos crueles e inhumanos
Urueña deambuló por unidades carcelarias de distintos puntos del país, donde fue sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre otros penales, estuvo en la cárcel de “Villa Urquiza” de Tucumán, en la de Rawson y en la ciudad La Plata. Recién, el día 19 de noviembre de 1982 fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el día 21 de septiembre de 1983. En función de este derrotero ilegal y criminal que padeció Porcel (h), la fiscalía enmarcó los hechos vividos como resultado del plan sistemático de represión ilegal imperante durante el terrorismo de estado, siendo identificado Alzugaray como uno de los responsables. Urueña fue blanco de un grupo de tareas comandado por personal del Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, del cual era jefe Repossi. El día del hecho, cinco hombres de civil, en un auto Ford Falcón, con armas largas llegaron a la casa de la víctima y dijeron que iban a realizar un allanamiento, sin mostrar orden judicial alguna y con una inusitada violencia, se llevaron al profesional.
Otra víctima, en este caso un perseguido político
En tanto, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado también con el juez Díaz, en calidad de presidente, con los vocales Gabriela Catalano y Cataldi, comenzó a juzgar a Juan Carlos Alzugaray, ex inspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, por su participación, en grado de coautor, del delito de imposición de tormentos agravados en perjuicio de Eduardo José Porcel (h), agravado por ser la víctima, un perseguido político.
En este caso, los hechos se desarrollaron el día 18 de enero de 1975, cuando Porcel fue detenido sin orden judicial por efectivos de la Policía de la Provincia en el kilómetro 13 de la ruta nacional N°9, en el trayecto entre la ciudad de Salta y Tucumán, en el marco de un control policial.
Desde ese lugar, fue conducido a la Central de Policía, en la capital salteña, donde fue interrogado por sus vinculaciones con otros disidentes políticos; tras lo cual fue trasladado a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde se repitió la indagatoria, aunque en este caso fue sometido a torturas por personal de dicha fuerza, y en particular por Alzugaray, quedando además expuesto a las torturas que allí se aplicaban a otros presos políticos.
Al otro día, en tanto, fue trasladado al penal provincial de Villa Las Rosas, donde quedó alojado en calidad de detenido “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”.
A los meses, el 1 de abril, fue trasladado con los ojos vendados hasta Tucumán, por un supuesto pedido del juez federal de esa provincia. Lejos de ese destino, terminó en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” en la localidad tucumana de Famaillá, donde fue sometido a distintos tipos de torturas.