Este miércoles las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente y la de Economía, Finanza Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado recibieron a directivos de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) y de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMITP) para continuar analizando el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sobre el cual los proveedores mineros se mostraron a favor.
Desde CAPEMISA, su presidente, Federico Russo se manifestó a favor de la adhesión por considerar que, si bien el RIGI brinda beneficios a las grandes inversiones, es a partir de éstas en las que se forman cadenas de valor que incluyen a los proveedores locales. Dijo que proyectos como Taca Taca y otros de litio están esperando estos incentivos para poder llevarse adelante en Salta.
Russo dijo que se debe compatibilizar el RIGI con leyes como la del compre local, sumados a otros incentivos a la inversión y se pronunció en contra de un eventual aumento de regalías del 3 al 5%, para no ir contra la seguridad y previsibilidad de las inversiones. Dijo que en este momento se observa una pronunciada baja en la actividad de los proveedores como consecuencia de la caída del precio internacional del litio, que llevó a las empresas a trabajar al 50% de su capacidad. A ello se suma la llegada a Salta de muchas empresas del resto del país.
Por su parte, Dávalos sostuvo que en la actualidad CAPEMISA agrupa a 343 empresas locales, que brindan 12 mil empleos directos.
Desde CAPROSEMTP, Vacazur coincidió en respaldar la adhesión al RIGI por considerar que la actividad minera representa una oportunidad única.
Sin embargo, dijo que se debe compatibilizar con la Ley provincial Nº 8.164, de Promoción Minera, respecto del compre local, aceptando que los proyectos en etapa de construcción tengan una relación de 80% y 20%, pero en etapa de operación conserven el 70% local y 30% foránea.
Advirtió que las multinacionales poseen empresas satélites que son usadas para competir con los proveedores locales y que las excepciones del RIGI no deben ser usadas por éstas para plantear desigualdades.
Paralelamente planteó a Nación y Provincia la reducción de la carga fiscal al sector, proponiendo bajas en las alícuotas de los impuestos a las ganancias, ingresos brutos y del IVA.