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Otras 4 condenas de 11 y 13 años de cárcel por un secuestro extorsivo entre narcos

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a penas de 11 y 13 años de prisión a otros cuatro imputados por el secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico cuando fue capturado, torturado y posteriormente liberado en un operativo policial sin que se pagara el dinero o las drogas que exigían por su rescate.

Los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, le impusieron 13 años de prisión a Carlos Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Cáceres Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, que tuvo como víctima a Héctor Ismael Herrera.

Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona.

La fiscalía -representada en este juicio por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo-, había pedido 14 años de prisión para los dos primeros imputados mencionados y 10 años para los que finalmente fueron condenados a 11-.

La querella solicitó penas más altas, 15 años de cárcel para Lozano Tolaba y Llanos y 13 para Martínez y Arjona, mientras que las defensas alegaron por el mínimo de la pena, de 10 años de prisión.

Por el caso ya son siete los condenados, ya que estas cuatro penas se suman a las tres ya dictadas el 7 de agosto pasado, en el marco de un acuerdo pleno homologado en el juicio por este mismo tribunal.

“Célula transnacional”

El tribunal compartió los argumentos expuestos por la fiscalía y la querella. Ambas partes acusadoras coincidieron en que los imputados integraron una “célula transnacional” que se conformó con el único fin de concretar el secuestro. Indicaron que hubo una actuación conjunta y coordinada, y que el móvil de ese accionar fue el cobro del botín exigido a los familiares de la víctima.

Si bien se llegó a las siete condenas -falta resolver la situación de Ruiz-, mediante una salida alternativa de resolución de conflicto, en parte con un acuerdo pleno y otro parcial, el fiscal Toranzos sostuvo que la aplicación de estas herramientas procesales se debió en gran parte a la contundencia probatoria alcanzada durante la investigación del caso.

En ese marco, resaltó el profesionalismo del grupo investigativo de la Policía de la Provincia de Salta que rescató a la víctima, de los peritos y distintos gabinetes criminológicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales provincial, y el aporte de Gendarmería Nacional en el análisis de las cámaras que ayudaron a reconstruir todos los movimientos de la organización criminal.

Las penas impuestas, según el fallo del tribunal, reflejan una preocupación por el avance del narcotráfico, pues los jueces reconocieron que este tipo de delito es uno de los más graves contenidos en el Código Penal y, en el caso de Salta, no es el primero vinculado al narcotráfico.

Secuestrado y cautivo en otra casa

La auxiliar fiscal recordó que Herrera fue secuestrado el 3 de agosto de 2023 de su casa situada en el barrio Policial, y mantenido cautivo hasta el día siguiente en otra vivienda, en el barrio Santa Rita II.

La víctima cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por un hecho de narcotráfico. Su secuestro se ejecutó para que un tío de la víctima hiciera entrega de una suma de dinero, o bien, devolviera un cargamento de drogas.

Para ello, según la investigación, Choque Aguirre, como director de la célula criminal que llevó a cabo el secuestro, ingresó al país un día antes del hecho, procedente de Bolivia, junto a Lozano Tolaba, Llanos y un cuarto integrante, contra quien se dictó un pedido de captura nacional e internacional.

La hipótesis fiscal sostiene que ya en territorio nacional, Choque Aguirre reclutó a Martínez, Chauqui, Arjona, Ruiz y Riquelme, quienes constituyeron la “pata local” de una organización criminal de carácter transnacional y fuertemente vinculada al narcotráfico, tanto por la talla de los integrantes como por el móvil de la empresa delictiva.

La captura de Herrera se ejecutó el 3 de agosto de 2023, mientras la víctima compartía un asado con amigos en su casa, en el barrio Policial. Para ello, los acusados actuaron encapuchados, con armas y se presentaron como policías, pero no estaban uniformados.

Luego, la víctima fue trasladada a la vivienda del barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, la maniataron y luego comenzaron a golpearla, lo sometieron a torturas y le exigieron a su familia que aparezca su tío para que entregue el dinero y la droga que presuntamente les debía.

Para lograr su cometido le enviaron por WhatsApp un video a la familia de Herrera en el que se veía a la víctima golpeada y el momento en que uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha.

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