La sobrepoblación en la Alcaidía supera el 140% y denuncian pésimas condiciones de vida
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Salta elevó un informe crítico tras una visita general de monitoreo a la Alcaidía General N°1 y el Anexo de Mujeres.
Sobrepoblación, malas condiciones de vida e higiene, y sin acceso a la justicia. Esas son las características que viven los presos en la Alcaidía General N° 1 y el Anexo de Mujeres de acuerdo al informe que presentó el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
“La Alcaidía General N° 1, en la cual se alojan varones, tiene una capacidad de 350 personas, y al momento de la visita se encontraban 854 personas allí privadas de la libertad, lo cual arroja una cifra de sobrepoblación de 504 personas, es decir del 144%”, informaron.
Asimismo, señalaron que hay 5 casos de personas alojadas allí desde el 2020 y 50 desde el 2021, es decir, una permanencia prolongada en dicho espacio que no corresponde.
Las principales denuncias de la población carcelaria fueron la falta de colchones, mantas y abrigos, con personas durmiendo en el piso; las pésimas condiciones de higiene, sin acceso al agua caliente y ni a elementos de aseo personal; déficits alimentarios; falta de atención médica en todos los ámbitos; falta de comunicación con sus defensores y desconocido de la causa penal y el tiempo de detención.
En cuanto al Anexo de Mujeres, remarcaron que es un galón con capacidad para 36 personas donde viven 43. “Durante el monitoreo se registraron 24 casos por falta de acceso a la justicia; 48 de falta de acceso a la salud; 8 casos de malos tratos y 3 casos de abuso sexual”, informaron.
Ante la situación, desde el Comité solicitaron un informe a entregar en un plazo máximo de 30 días sobre las acciones, proyectos, programas y planes implementados con el objetivo de reducir la sobrepoblación penitenciaria, en el marco de la Resolución N° 651/22 que declara la “Emergencia Carcelaria”.
En ese sentido, demandaron la constitución urgente de la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciara creado por dicha resolución.