La querella de Rosa Sulca puso en duda las declaraciones de la principal acusada
El pasado 11 de mayo, inició el juicio por el crimen de Rosa Sulca, la docente asesinada en su vivienda en Villa Mitre contra S.A.S (menor de edad al momento del hecho), Martín Oscar Laime, operadores del 911 y policías.
Cabe recordar que durante la primera jornada del juicio, S.A.S (imputada por el delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causae) decidió declarar y aseguró que se encontraba drogada al momento del crimen, además de apuntar directamente contra su ex pareja, Pablo Ezequiel Verón, quien ya fue absuelto en la causa. En tanto que en las siguientes jornadas, las declaraciones de vecinos y vecinas complicaron aún más la situación de la imputada.
Pablo Tort, abogado querellante de la Fundación Cintia Fernández, manifestó a Nuevo Diario que toda las evidencias recolectadas y puestas a disposición del Tribunal apuntan a la comisión del hecho por parte de la menor, el encubrimiento de Martín Oscar Laime y el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los oficiales de policía y del Sistema de Emergencias 911.
“Las palabras de la principal acusada se tienen que tomar obviamente con pinzas, estamos hablando de una persona que no está obligada a declarar en contra de sí misma, entonces todo lo que diga será usado en su defensa, o podrá ser usado en su defensa, pero no en su contra. Entonces, para nosotros el hecho de que haya sido pronunciado en el debate no quiere decir bajo ningún punto de vista que estemos conformes o de acuerdo con la descripción que ha realizado de los hechos”, sostuvo.
En cuanto a la absolución de Verón, Tort indicó que desde la querella no se insistió en la continuidad de un proceso contra él ya que “no había evidencia que apunte a su participación en el hecho”.
“Nosotros insistimos en la responsabilidad penal de las personas acusadas, sobre todo los que fueran funcionarios públicos, es decir, los miembros del 911 y los miembros de la policía de la provincia que intervinieron en el hecho. Indudablemente que no podemos pronosticar, no podemos saber ni especular con que si ellos hubiesen actuado de forma eficiente hubiésemos salvado la vida de Rosa Sulca. Pero sí podemos especular, podemos afirmar, que ellos tienen responsabilidad en el hecho; no la responsabilidad de salvar a Rosa de su muerte, porque no sabemos si lo podrían haber hecho, pero si el tema de cumplir sus obligaciones como funcionarios”, remarcó”.
Un largo desfile de testigos y una sentencia que se podría adelantar
Si bien el juicio tiene una fecha programada de finalización para el próximo 24 de mayo, Tort consideró que podría darse el fin días antes, ya que se adelantó prueba durante el debate.
Hasta el momento, ya han pasado como testigos más de 15 personas frente al Tribunal de Juicio integrado por los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales).
Durante la tercera audiencia de debate declararon una testigo de identidad reservada (amiga de Rosa Sulca), un vecino del imputado Martín Laime (le prestó una bicicleta la mañana siguiente del hecho) y profesionales del CIF. Entre ellos, el médico psiquiatra que peritó a la acusada S. A. S. y la médica que tuvo a su cargo la autopsia de la víctima.
Todos los acusados
Además de S.A.S, en estas instancias están siendo juzgados Martín Oscar Laime como autor del delito de encubrimiento agravado como cómplice de la menor, al dirigirse junto a ella a la escena del crimen un día después del hecho; los supervisores de Demanda Ciudadana Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano, acusados como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; miembros del Centro de Coordinación Operativa, Héctor Roberto Herrera, Gustavo González, Domingo Normando Corbera y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Estos últimos son los policías que se acercaron hasta la vivienda y no intervinieron porque “nadie les contestó” el llamado a la puerta y los operarios que intervinieron en la llamada que la víctima logró hacer antes de ser asesinada al 911 donde dijo: “Me están matando”, pero la adolescente acusada afirmó a la operadora que hablaba “su tía con problemas de salud”, aunque de fondo se escuchaban los gritos de Rosa Sulca.
Un conmocionante caso
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2.020 en una vivienda de Villa Mitre. La víctima era maestra. Fue golpeada y lesionada con un cuchillo en su propia casa. La mujer llamó al Sistema de Emergencia 911 para pedir ayuda.
El juicio se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales).
Los imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público se desempeñaban en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana). Dos de ellos son los efectivos policiales que acudieron al domicilio de la damnificada después de que se comunicó telefónicamente. Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UGAP 1, Leandro Joaquín Flores. Por la parte querellante se presentan Pablo Tort y Juan Pablo Ochoa (Fundación Cintia Fernández). La defensa de los acusados está a cargo de Miguel Fernando Páez (S. A. S.), la defensora oficial penal Patricia González (Laime), el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto (Tintilay Cordeyro), Andrés Chibán (Casasola Moyano), Pablo Alberto González (Herrera y González), Carlos Fernando Rojas (Corbera), Ariel Vázquez (Sanhueso) y Nicolás Ceferino Vedia (Vizgarra).