Los pueblos indígenas preocupados por las disposiciones nacionales contra el sector
Desde distintos sectores vinculados a las comunidades originarias y desde el seno de las mismas se encendieron las alarmas tras conocerse las recientes disposiciones nacionales como la derogación reciente del Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
En la misma línea advirtieron sobre información pública sobre la inminente publicación de otro decreto que derogaría la Ley 26.610 y sus correspondientes decretos de prórrogas sucesivas para la Protección y Resguardo de la posesión y propiedad comunitaria indígena, todo esto y en el acostumbrado tono provocador del Gobierno Nacional liberal libertario y en inmediaciones a las conmemoraciones por el último día de la Libertad de los Pueblos Indígenas, el Día de la Diversidad Cultural y las consecuencias consabidas para estos actores y sectores.
Este jueves en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia, Walter Cruz de Iruya, defendió las políticas indianistas desde el seno de las comunidades originarias al tiempo que rechazó aquellas indigenistas, que aseguró, “forman parte de la política paternalista que nos maltratan”.
“Conmemoramos lo que el Abya Yala considera el último día de libertad de los pueblos y comunidades, el 12 es el día del genocidio y etnocidio y el 13 el primer día de lucha”, precisó y en ese marco aseguró que tomó conocimiento sobre la posible derogación de la Ley 26.160 y sus prórrogas que resguardaban a las comunidades y a sus territorios: “dicen que las prórrogas sucesivas y la ley avasallaron los derechos de los ciudadanos, y es que cuando se trata de derecho de los pueblos indígenas somos unos avasalladores”, analizó y recordó que las prórrogas sucesivas de esta Ley permitieron la multiplicación de comunidades. “Hubo un tiempo en donde no reconocerse indígena era un método de autodefensa. Nos quisieron hacer entender que el ser kolla era ser cobarde y miedoso, significaba ser discriminado, ser los cabecitas negras del norte. Costó mucho a las comunidades el autopercibirse, el autodeterminarse”, explicó al respecto y agregó: “Dicen que la 26.160 amenaza a las obras de infraestructura para el avance del desarrollo, que han provocado daños ambientales (incendios y deforestaciones). Es raro. Nos culpan de que no hay inversiones. Y los derechos de los pueblos indígenas?”, lanzó y sostuvo su enérgico repudio ante esta posibilidad remarcando que se trata de una “La ley hecha a medida de esas usurpaciones”
A la estructural violencia y discriminación a la que se somete a los Pueblos Indígenas, esta decisión implicaría una escalada en la conflictividad social y política en la que viven la mayoría de las comunidades en Argentina, producto del histórico incumplimiento con los pueblos preexistentes.
Repudio de abogados
En la misma línea se expresó la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena de la Argentina, reunidos para manifestarse en rechazo a lo que consideraron “una serie de resoluciones todas regresivas en materias de derechos humanos y en particular contra los pueblos indígenas”.
De este modo confirmaron que existe información pública circulante vinculada al dictado de un Decreto que derogaría el Decreto 805/21 que prorroga la Ley 26.160 de Protección y resguardo de la propiedad comunitaria indígena: “hacemos público nuestro repudio y alertamos al gobierno nacional, como a los gobiernos provinciales, legisladores, y al Poder Judicial, que tal accionar irresponsable traerá consecuencias nefastas y violentas sobre los territorios y desconoce el deber estatal de proteger los territorios ocupados por comunidades indígenas”, por lo que exhortaron al Gobierno a “desandar caminos que atentan contra la convivencia democrática”.