Vecinos de Cerrillos denuncian corrupción por la instalación de la empresa Metalnor

La lucha de los vecinos autoconvocados de la Ruta Provincial 26, en el límite entre Salta alcanzó un punto crítico. A pocos metros de sus hogares, la empresa Metalnor ha instalado una fundición de metales ferrosos, un emprendimiento que consideran una amenaza directa a su salud y bienestar.

En diálogo con Nuevo Diario, Elizabeth Avendaño, referenta del grupo de vecinos de los barrios Los Pinares I y II, Los Crespones, Los Paraísos, Las Tunas y la Isla, expuso la grave situación que atraviesa la comunidad desde 2020, cuando comenzó la construcción de la planta además de develar una serie de irregularidades que envuelve a la cuestionada ex intendenta cerrillana y ausente oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, Yolanda Vega.

“Todo comenzó en plena pandemia”, relató Avendaño. “Desmontaron prácticamente 42 hectáreas sobre la Ruta 26, a la altura del kilómetro 5. Al principio, pensábamos que era un emprendimiento inmobiliario, pero cuando uno de los vecinos filmó las primeras obras, nos dimos cuenta de que era mucho más grave. Levantaron un paredón enorme que cubrió por completo la vista de nuestras casas”. Este paredón, que rodea gran parte del barrio Los Pinares, fue solo el primer indicio de que algo estaba por suceder.

Conforme avanzaba la obra, los vecinos comenzaron a investigar y descubrieron que lo que se planeaba construir eran hornos de fundición de metales. La preocupación de la comunidad aumentó drásticamente al saber que estos hornos estarían funcionando a solo seis metros de sus hogares. “Es un proyecto que nunca debió haberse permitido en una zona residencial”, señaló Avendaño. “La fundición de metales es una actividad altamente contaminante. No es manejable ni se puede garantizar que no existan accidentes catastróficos”.

Un riesgo para la salud de miles de personas

Los vecinos no solo temen por el impacto inmediato en Cerrillos, sino también por los efectos a largo plazo en Salta capital y otras zonas cercanas. La fundición de metales implica la emisión de gases tóxicos y partículas que podrían contaminar el aire y el agua. “Esta planta utiliza recursos en cantidades desmedidas, como agua y electricidad, en una zona que ya sufre escasez”, denunció Avendaño. Además, apuntó que la falta de un plan de contingencia por parte de la empresa agrava aún más la situación. “Si ocurre un accidente, como un derrame o una explosión, no hay un protocolo claro para proteger a la población”.

La cercanía de la planta con áreas residenciales es uno de los puntos más alarmantes para la comunidad.

 A solo 200 metros de la fundidora se encuentran una escuela, un centro de salud y varios colegios secundarios. “Es una aberración que hayan permitido esto”, afirmó la referenta. “Este tipo de actividades industriales suelen realizarse a kilómetros de las zonas habitadas. Sin embargo, aquí están a metros de nuestras casas”.

El impacto potencial no se limita a Cerrillos.

La proximidad de la Ruta Provincial 26 a Salta capital ha generado preocupación entre los habitantes de la ciudad, quienes temen que las emisiones contaminantes puedan afectar también a su comunidad. “Salta no está exenta del riesgo”, advirtió Elizabeth. “Los vientos podrían llevar los contaminantes hacia la ciudad, afectando la salud de miles de personas”.

Una batalla legal plagada de obstáculos

Desde que los vecinos descubrieron la naturaleza del proyecto, han intentado detenerlo a través de recursos legales y movilizaciones. Presentaron un amparo en 2021 para frenar la construcción, pero la exintendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, firmó el certificado de aptitud ambiental días antes de dejar el cargo, permitiendo que la obra continúe. “Nosotros entendimos que la audiencia pública de 2022 no era vinculante, pero aún así, logramos reunir más de 600 firmas y presentamos a 37 expositores que detallaron los efectos nocivos de la fundición”, explicó Avendaño. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y todo parece apuntar a que el amparo judicial no podrá seguir frenando las intenciones de instalar tres hornos de fundición, dos eléctricos y uno a gas.

La empresa Metalnor, que originalmente tenía asignado un lugar en el Parque Industrial de Güemes, decidió trasladar su proyecto a Cerrillos, según los vecinos, debido a intereses económicos y acuerdos con las autoridades locales. “Lo que ha sucedido aquí es corrupción pura”, denunció la vocera de los vecinos apuntando a la gestión de Vega. “Los intereses económicos prevalecieron sobre la vida y la salud de más de 9.000 familias”.

A lo largo de los años, los vecinos también han enfrentado una gran resistencia por parte de la empresa, que ha dificultado el acceso a la información sobre el proyecto. “Nunca pudimos obtener acceso completo al estudio de impacto ambiental”, señaló Avendaño. “Queríamos revisarlo con nuestros propios expertos, pero la empresa y las autoridades locales se han negado”.

Al relato se le suma y no como detalle menor, el grave incumplimiento al principio precautorio de la ley provincial de ambiente 7.070 donde se establece que las actividades no tendrían que haber avanzado a partir de las dudas y exposiciones planteadas por los vecinos ante la justicia.

El futuro de Cerrillos y Salta en juego

Mientras los vecinos continúan su lucha en los tribunales, el impacto de la fundición ya se deja sentir en la comunidad. Elizabet Avendaño reveló que varios residentes han comenzado a manifestar problemas de salud, y temen que el número de casos aumente conforme la planta continúe operando. “Ya estamos viendo discapacidades y dolencias en la población, y eso es solo el principio”, lamentó. “Si no se toman medidas, el problema se agravará y afectará no solo a Cerrillos, sino también a Salta y sus alrededores”.

“Ellos dicen que hicieron una inversión millonaria en ese predio, pero acaso ¿no vale la inversión de nuestras vidas y nuestros proyectos de más de 9 mil familias en nuestras casas? No hay comparación con lo que ellos están haciendo; es negligencia, es corrupción, pero por sobre todo, poco valor a la vida de los seres humanos”, cuestionó la referenta del grupo de vecinos de RP 26

La comunidad espera que el actual intendente, Carlos Borelli, anule el certificado de aptitud ambiental otorgado por su predecesora, pero hasta ahora no han visto un compromiso real por parte del gobierno municipal. “Esperábamos que alguien del municipio se hiciera presente durante la inspección ocular de la semana pasada, pero no fue así”, afirmó y concluyó: “estamos abandonados por las autoridades”.

Ni contingencia ni Mitigación

La falta de un plan de contingencia por parte de Metalnor es otro de los grandes temores de los vecinos. En caso de un accidente grave, como una fuga de gases tóxicos, la única vía de evacuación sería la Ruta Provincial 26, lo que podría generar un caos y poner en peligro a miles de personas. “Este proyecto es un desastre en todos los sentidos”, concluyó Avendaño. “No solo nos afecta a nosotros, sino a toda la región. No vamos a bajar los brazos hasta que la justicia ponga fin a esta locura”, puntualizó

Por otro lado, consultada por el plan de mitigación con el que debería contar la empresa, la vecina cerrillana comentó a este medio que el mismo sólo comprende la forestación de “unos pocos árboles”, en relación al daño provocado en el ambiente.