La Cámpora suma un nuevo condenado por la Justicia Federal en Salta
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, condenó a Marcelo Palacios y al empresario al Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto.
Según informaron a Nuevo Diario desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la jornada de hoy se dictó la condena a los implicados en la causa que investigaba direccionamientos de licitaciones públicas de la obra social.
Palacios fue funcionario del PAMI y se lo imputa junto al empresario Di Pietro de haber direccionado ilegalmente una serie de licitaciones públicas del organismo.
En la causa también se investigó a Ricardo Coronel quien resultó absuelto por el beneficio de la duda. Palacios y Coronel formaron parte de la gestión de Verónica Molina al frente del PAMI Salta, y todos comparten pertenencia política al ser parte de La Cámpora a nivel provincial.
Palacios fue condenado a 3 años de prisión en ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del acusado al respecto de la multa de $1.660.000 que había solicitado el fiscal Ricardo Toranzos, que fue quien representó al Ministerio Público Fiscal.
Además se le fijaron reglas de conducta que deberá cumplir y entre las que se incluyen: 1) fijar domicilio y someterse al patronato; 2) abstenerse de concurrir a determinados lugares evitando del uso abusivo de alcohol y estupefacientes; 3) hacer un curso de Ética; 4) abstenerse de realizar contrataciones con el Estado; 5) realizar trabajos no remunerados por 60 hs durante un año en hogares de ancianos para recapacitar respecto al hecho y daño causado.
Para Villagran Di Pietro se dictó la condena por prisión de 2 años y 6 meses de ejecución condicional. Además deberá pagar una multa en iguales condiciones que Palacios, sumado a una inhabilitación perpetua para desempeñarse como empleado o funcionario público
En relación a las reglas de conducta para el empresario, se determinó que las mismas sean en iguales términos que a Palacios.
A Palacios se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal, en calidad de autor. Mientras que a Villagrán Di Prieto se le acusaba del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipe necesario.
La escandalosa causa
La investigación comenzó tras una denuncia de un anónimo que vinculaba a los funcionarios camporistas con el empresario Di Pietro. En esta se señaló que los tres estaban sacando rédito económico por licitaciones que tenía el organismo nacional con las empresas prestadoras de servicio.
El fiscal Toranzos procedió al secuestro de documentación y la intervención de los teléfonos de los acusados.
La Fiscalía mantuvo la hipótesis que tanto Palacios como Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios del organismo nacional. Se llegó a la conclusión que siempre eran los mismos oferentes y que la tasación más baja era la presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto.
Por cada contratación -explicó Toranzos- se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta, que siempre resultó ser la del acusado.
Se verificó la existencia de las empresas que concursaban en las contrataciones y que estas presentaciones tenían irregularidades, al punto que se pudo comprobar que las presentaciones de las otras empresas eran falsas, ya que sus propietarios negaron haber participado de esas licitaciones.
Toranzos dijo que además se constató que los domicilios comerciales presentados tampoco existían, entre otras anormalidades.
En las comunicaciones telefónicas que se peritaron de los celulares de los imputados, se obtuvieron mensajes donde los acusados dijeron que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.