Imputaron a cinco personas por tener una empresa de internet trucha

La empresa robaba señal de Telecom. Dos de los acusados eran empleados de esa empresa, de la cual habían hurtado el material y el equipo necesario para ofrecer el servicio ilegal. Cobraban de 25 a 35 mil pesos por la instalación y un abono mensual. Funcionaban desde 2018 y habían captado 96 suscriptores en dos barrios de Orán.

A instancia de una investigación llevada adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, hizo lugar este lunes a la imputación recaída sobre Walter Andrés Sosa Orellana, Antonio Alejandro Villafuerte, Walter Rafael Cañamero, su pareja, Melisa Berón, y su hermano Joaquín Maximiliano por haber montado una empresa que proveía de manera clandestina un servicio de internet con materiales y la conexión a la red de propiedad de la prestataria Telecom.

Las imputaciones, en el caso de Sosa Orellana y Walter Cañamero, ambos empleados de Telecom, la empresa afectada, fueron por los delitos de entorpecimiento de telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto, en ambos casos en grado de autores.

Respecto a Berón y Joaquín Cañamero, la acusación fue por entorpecimiento de telecomunicaciones, en grado de partícipe primario, mientras que a Villafuerte se le imputó el delito de estafa, en grado de coautor.

En todos los casos la jueza hizo lugar a las medidas de coerción requeridas por la fiscalía, consistentes en la presentación periódica ante la fiscalía de Orán y el compromiso de colaborar con la investigación penal.

Al presentar el caso, el fiscal general explicó que las imputaciones surgen de actuaciones preliminares que se iniciaron a partir de la denuncia formal presentada por la empresa Telecom a mediados de octubre del año pasado, luego de reunir información sobre las irregularidades.

“En representación del Ministerio Público Fiscal, presentamos una acusación por la creación y puesta en marcha de una empresa dispuesta para proveer el servicio de internet, de manera paralela y clandestina, siendo los principales responsables e ideólogos de esta maniobra Sosa Orellana y Cañamero, empleados de la compañía afectada, en este caso Telecom”, sostuvo.

Explicó que ambos empleados se aprovecharon de su función y de la formación técnica que la empresa invirtió en ambos, pero no para brindar un mejor servicio, sino para “montar” una red ilegal que funcionaba bajo la denominación de WIFINET y Orán Conecta, a través de la cual iniciaron en 2018 una actividad comercial que se extendió hasta el 1° de marzo pasado, cuando la fiscalía solicitó una serie de allanamientos que permitieron desarticular la actividad clandestina.

“Hemos acreditado que este servicio tuvo como destinatarios principales a los vecinos de los barrios 4 de Junio y Maravilla, en la ciudad de Orán, donde la empresa no tenía ningún tendido de red. No obstante, y valiéndose de material y equipamiento de Telecom, los acusados montaron el servicio y lo comercializaron a 96 usuarios”, detalló.

“Con el auxilio indispensable del resto de los acusados, Sosa Orellana y Cañamero montaron esta red ilegal, siendo la clave de la maniobra cuatro módems que fueron contratados legalmente a Telecom, a través del cuales obtenían la señal, la que luego reproducían desde dos domicilios, en los cuales se habían instalados antenas emisoras”, acusó Villalba.

Por las redes sociales

El fiscal señaló que los ofrecimientos se hacían a través de la red social Facebook y de WhatsApp. En las publicidades, los imputados aducían que WIFINET llegaba a 19 barrios y que contaban con 200 usuarios, por lo que era necesario el pago de 25 a 35 mil pesos en concepto de instalación y un abono mensual de 3 mil.

“Con el auxilio indispensable del resto de los acusados, Sosa Orellana y Cañamero montaron esta red ilegal, siendo la clave de la maniobra cuatro módems que fueron contratados legalmente a Telecom, a través del cuales obtenían la señal, la que luego reproducían desde dos domicilios, en los cuales se habían instalados antenas emisoras”, agregó Villalba.

Precisó que “los módems adquiridos consumían un promedio de 600 GB (Giga Byte) por día, cuando el máximo de consumición por contrato era de 350 GB por mes, siendo este un indicador evidente del robo de la señal, la que iba a las casas de los suscriptores captados por los acusados”.

Sobre este punto, la querella agregó que también hubo una excavación de 300 metros para tender fibra óptica hasta una de las casas con antena, con lo cual entendió que los imputados tenían previsto ampliar la capacidad de servicio.

La fiscalía destacó que todo el montaje de la red se logró a partir del hurto de material y equipamiento de la propia empresa a la que le robaban la señal. “A modo hormiga, los acusados se apropiaron de dos rollos de fibra óptica, cajas de conectores y cables, routers, accesorios de empalme, bolsos de herramientas y hasta arnés de seguridad”, indicó el representante del MPF.

Explicó además que la maniobra fue descubierta a partir de la sospecha que generó que un cliente de Telecom le hizo a conocer a esa empresa en septiembre pasado que le habían ofrecido el servicio de WIFINET, dejando a entrever que esa firma era de Telecom.

Posteriormente, se precisó que Cañamero tenía en la imagen de perfil de su cuenta de WhatsApp el logo de WIFINET, lo cual se advirtió cuando remitió a un superior un certificado médico para justificar una inasistencia laboral. Con este dato, personal del área de Fraude de Telecom pudo establecer que el número del acusado estaba asociado al servicio clandestino de fibra óptica de internet.

A partir de esta información, y con intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual, la fiscalía llevó adelante tareas de campo e inteligencia criminal que permitieron dar con los domicilios de los acusados y otros más, donde se habían instalado las antenas, tanto transmisoras como receptoras de la señala robada.

El fiscal resaltó que el trabajo demandó meses debido al enfoque técnico que implicó, pese a lo cual “la tarea dirigida por el equipo de la Unidad Fiscal, con la colaboración de distintas áreas de Gendarmería Nacional, fue excelente”.

El fiscal dijo que en el momento de los allanamientos los imputados enviaron a los clientes un mensaje para informar que tenían problemas técnicos pero que debían pagar igualmente el abono, dado que el servicio se abonaba a mes vencido: "Quedó expuesto el ánimo de ambición que había en ellos".

Afectación y competencia

Villalba resaltó que este montaje ilegal derivó en una saturación que causó, a su vez, una excesiva lentitud del servicio, tanto a los clientes legales como a los que contrataron a las empresas falsas, usuarios que nunca sospecharon del ardid, pues los acusados, al momento de hacer las conexiones ilegales, lo hacían con los uniformes y vehículos de Telecom.

“Una clara evidencia de la conducta delictiva se puede advertir el día 1 de marzo, cuando se realizaron los allanamientos, circunstancias en las que los acusados les enviaron un mensaje a sus suscriptores para informar que tenían problemas técnicos, pero que debían igualmente pagar el abono, ya que era a mes vencido, con lo cual quedó expuesto el ánimo de ambición que había en ellos”, dijo.

En cuanto a la competencia, el fiscal refirió que “la Corte Suprema de Justicia puso límite al establecer que, ante afectación particular por robo de datos a través de medios tecnológicos, no es viable la competencia federal, lo que se invierte cuando, por su modalidad y ejecución, esté comprometida la prestación regular del servicio”.

Citó al respecto la ley N°27.078, la cual consagra de interés público a las empresas prestatarias de tecnología de información y las telecomunicaciones, al igual que sus recursos asociados. “En esta norma legal se señala que las incidencias derivadas de su aplicación estarán sujetas a la jurisdicción federal”, indicó, citando el artículo 4 del texto legal.

“Por lo tanto, no basta para configurar la mera circunstancia de que el delito esté en el marco de las redes de comunicación, sino es necesario que se produzca una real afectación al servicio de interés público tutelado, que es lo que aquí advertimos”, evaluó Villalba.

Explicó que en este caso hubo una afectación a un número indeterminado de personas, incluida oficinas pertenecientes al Estado nacional. “Hay algo que me parece central y es que esta empresa clandestina no tiene control. Tampoco lo hay del Estado Nacional, máxime en una zona de frontera, un hecho aún más grave que si sucediera en cualquier otro lugar del país”, especificó.

“Si alguna de las personas que son usuarias clandestinas de este servicio hubiesen cometido un delito o estarían en condiciones de hacerlo, sea de cualquier índole, serían indetectables, por lo que está en juego la seguridad informática”, añadió. En vista de ello, insistió en que existe un real interés del Estado en asumir la competencia del caso.

Concluida su exposición, que completó con la enunciación de las pruebas reunidas y que contó con la adhesión de la querella, la jueza dio por formalizada la acusación, otorgó las medidas de coerción y autorizó una serie de medidas aún pendientes para el avance de las pesquisas. La defensa no planteó ninguna oposición.