La CIDH examina reforma judicial de México propuesta por López Obrador y Sheinbaum
La CIDH abordará la Reforma al Poder Judicial de México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará en Washington la polémica Reforma al Poder Judicial de México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. La iniciativa propone que más de 1,600 cargos judiciales, incluidos jueces y magistrados, tienen que ser elegidos por voto popular, desechando la carrera judicial tradicional.
La reforma calificada como una intrusión política sin precedentes en las democracias modernas de América Latina y Europa. Según críticos, este cambio amenaza la independencia judicial al permitir que los magistrados sean seleccionados mediante procesos electorales controlados desde una plataforma partidista.
La alianza oficialista “Sigamos haciendo historia”, que incluye a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, aseguró una victoria contundente en las últimas elecciones, y todo apunta a que su dominio se extenderá hacia los comicios del 1 de junio de 2025.
Posturas encontradas en México y en la CIDH
Claudia Sheinbaum celebró el avance de la reforma y afirmó: “La elección de jueces y magistrados va el 1 de junio de 2025, la transformación del país es profunda, para el bien de todos los mexicanos”.
Sin embargo, la sesión en la CIDH contará con la presencia de destacados representantes de la oposición y del sistema judicial mexicano, como Javier Laynez Potizek de la Corte Suprema, y la jueza Juana Fuentes Velázquez, quienes argumentarán en contra de la reforma. Fuentes Velázquez advirtió que el cambio supone “la cooptación del Poder Judicial” por el oficialismo.
Por su parte, el gobierno mexicano defenderá la iniciativa mediante sus representantes, como José Antonio Montero Solana y Luz Baños, embajadora ante la OEA.
Posibles implicaciones para la independencia judicial
La audiencia girará en torno a dos temas clave: la pérdida de pesos y contrapesos en la designación de magistrados desde un ámbito político y los riesgos para la independencia judicial. Marisol Méndez, de la organización “La Justicia que Queremos”, solicitará el envío de una misión de observación para las elecciones de junio de 2025. El objetivo es evitar posibles manipulaciones políticas y eventuales fraudes.
La CIDH analizará también un informe firmado por más de mil jueces y magistrados federales que exigen suspender la reforma hasta determinar si viola tratados internacionales sobre derechos humanos. El magistrado Rogelio Alanís García advirtió que “la reforma judicial apunta a un golpe de Estado”, y sostuvo que el cese masivo de jueces sería un acto ilícito internacional que afecta el acceso y la protección judicial.
La reforma ya ha provocado que siete de los once miembros de la Corte Suprema renuncien en protesta, dejando solo a cuatro jueces en funciones, un reflejo de la crisis institucional que vive México. La decisión de la CIDH será clave para definir el futuro de la independencia judicial en el país.