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Justicia peruana ordena captura del hermano de la Presidenta Dina Boluarte

La justicia de Perú emitió este martes una orden de captura contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Es investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 36 meses tras considerar el riesgo de fuga del acusado. Según medios locales, Boluarte no se presentó a la audiencia y su paradero es desconocido desde el pasado domingo.

La fiscalía señala que Nicanor Boluarte ejerció un “poder de facto” tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Según las autoridades, utilizó su influencia para designar funcionarios afines a una presunta red corrupta que buscaba recaudar fondos.

Además, se le acusa de presionar a estos funcionarios para colaborar en la inscripción de un nuevo partido político.

El juez destacó que la conexión de Boluarte con “esferas de poder” podría facilitar su huida del país.

Defensa y antecedentes

La defensa de Nicanor Boluarte anunció que apelará la decisión y reiteró que el acusado niega los cargos. No es la primera vez que enfrenta la justicia. En mayo, fue detenido brevemente junto al abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.

Castañeda también está bajo investigación, acusado de intentar desactivar las pesquisas contra Nicanor Boluarte ofreciendo supuesta protección de la mandataria a mandos policiales.

La presidenta también en la mira

Dina Boluarte enfrenta su propia caída de popularidad y múltiples investigaciones. Además de este caso, la fiscalía la investiga por supuesta complicidad en decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales de fines de 2022.

Mientras tanto, las acusaciones contra su hermano añaden un nuevo capítulo de incertidumbre a su mandato, que debe extenderse hasta julio de 2026.

“Esta orden judicial refuerza la idea de que nadie está por encima de la ley”, señalaron expertos en temas legales. Sin embargo, el desenlace de este caso podría tener implicaciones políticas significativas para el gobierno de Boluarte.

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