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Policía Federal de Brasil pide que Bolsonaro sea imputado por presunto Golpe de Estado

La investigación involucra al expresidente y a 36 personas más en un complot de presunto Golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

La Policía Federal brasileña concluyó que Jair Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

En un informe presentado este jueves, pidió que el exmandatario y otros 36 individuos, incluidos altos mandos militares y exfuncionarios, sean imputados por delitos que podrían sumar hasta 30 años de prisión.

Además, el informe detalla que Bolsonaro y sus aliados actuaron de manera organizada para evitar la transferencia del poder. Entre los implicados figuran el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

También, se señala la participación de un argentino, Fernando Cerimedo, quien difundió desinformación sobre el sistema electoral brasileño.

Los delitos atribuidos incluyen abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.

El Plan Golpista

Según la investigación, el plan se desarrolló en seis núcleos:

  1. Desinformación: Ataques al sistema electoral.
  2. Incitación militar: Llamados a una intervención de las fuerzas armadas.
  3. Estrategias legales: Intentos pseudolegales para mantener a Bolsonaro en el poder.
  4. Inteligencia paralela: Operaciones clandestinas.
  5. Acciones operativas: Reuniones secretas y planes concretos.
  6. Medidas coercitivas: Intentos de atentar contra Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Reacción de Bolsonaro y el PT

Bolsonaro negó las acusaciones, calificándolas de “creativas” y “fuera de la ley”. Por su parte, líderes del Partido de los Trabajadores (PT) exigen justicia. Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, afirmó: “Intentaron instalar una dictadura; merecen prisión, sin amnistía”.

El caso ahora está en manos de la Procuraduría General de la República, que decidirá si lleva las imputaciones ante la Corte Suprema.

Esta es la tercera investigación penal contra Bolsonaro, tras los casos de fraude en certificados de vacunación y la importación ilegal de joyas. Si se formalizan las acusaciones, el expresidente y sus colaboradores podrían enfrentar juicios que marquen un hito en la política brasileña.

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