Proponen una Ley para continuar garantizando la propiedad comunitaria indígena en Argentina

La senadora salteña Nora Giménez y la diputada Roxana Monzón, ambas de Unión por la Patria, presentarán este miércoles un proyecto de ley clave para los pueblos originarios.

La iniciativa busca desarrollar los principios, procedimientos y marcos legales para garantizar el derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, como estipula el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La presentación se da en el marco de los anuncios a nivel nacional sobre la derogación de la Ley 26.160 y sus prórrogas que suspenden los desalojos de las comunidades indígenas.

Se trata de un reiterado planteo fruto de luchas históricas por la visibilización de los derechos ancestrales sobre las tierras, sin embargo, no logró reconocimiento durante las gestiones anteriores, alcanzando solamente las sucesivas prórrogas. De esta manera, el presente encuentra un gobierno negacionista en distintos ámbitos, y el derecho indígena no escapa a ello. Prueba de ello han sido las numerosas acciones de invisibilización de los pueblos originarios, el retroceso discursivo, la eliminación de organismos fundamentales para el registro y reconocimiento, la avanzada a partir del RIGI de políticas extractivistas sin consulta a las comunidades, hasta desembocar en los recientes anuncios de Bullrich.

Un derecho colectivo esencial

El proyecto define la propiedad comunitaria indígena como un derecho colectivo, indivisible, inembargable, inalienable, imprescriptible e intransmisible. Este régimen, autónomo y de orden público, se relaciona con la cosmovisión y prácticas ancestrales de las comunidades, reconociendo la importancia espiritual y cultural de los territorios que habitan. El texto subraya que este derecho es fundamental para la identidad, cultura y subsistencia de los pueblos indígenas.

Además, el proyecto establece que la titularidad de estas tierras será reconocida a través de actos administrativos realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dentro de un plazo máximo de 60 días tras la solicitud de las comunidades o sus organizaciones.

Antecedentes

Esta propuesta es el resultado de más de 14 años de construcción colectiva, iniciada con la Ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y ordenó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de estos territorios. Sin embargo, pese a múltiples prórrogas de la ley, la instrumentación de la propiedad comunitaria sigue pendiente, dejando a muchas comunidades en situación de vulnerabilidad. El proyecto será presentado en un acto en la Cámara de Diputados junto a representantes de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), con el respaldo de universidades nacionales.

“Una deuda histórica”

Giménez y Monzón destacan que el proyecto busca saldar una deuda histórica del Estado argentino con los pueblos indígenas. “El desplazamiento y desarraigo territorial no solo genera desalojos, sino que atenta contra su identidad y modos de organización. Es imperativo consolidar sus derechos y reparar el daño cultural y material que han sufrido”, sostienen en los fundamentos del proyecto. Con esta propuesta, Argentina avanza hacia un reconocimiento pleno de la propiedad comunitaria indígena, garantizando su protección como un derecho humano fundamental. Su aprobación marcaría un paso decisivo en la construcción de un Estado que valore y respete su carácter plurinacional.

Un retroceso alarmante para los derechos indígenas

En un anuncio reciente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso la derogación de la Ley 26.160, la cual protege a las comunidades indígenas al suspender los desalojos de tierras tradicionalmente ocupadas por aquellas que no cuentan con reconocimiento formal. Este anuncio generó fuertes reacciones entre las comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, quienes advierten sobre el impacto devastador que podría tener esta medida.

¿Qué establece la Ley 26.160?

Sancionada en 2006, la Ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas, ordenando la suspensión de desalojos y estableciendo un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas. Aunque la implementación ha enfrentado desafíos y demoras, esta legislación es considerada un pilar fundamental para la protección de los derechos indígenas.

El argumento oficial

Bullrich argumentó que la ley ha sido utilizada para justificar supuestas irregularidades y demandas excesivas sobre territorios, calificando su vigencia como una herramienta de privilegio injustificado. Según sus declaraciones, el gobierno buscaría reemplazar esta ley por medidas que promuevan un “uso más equitativo” de los recursos y tierras. Sin embargo, líderes indígenas y activistas señalan que la derogación agravaría la situación de vulnerabilidad de estas comunidades, intensificando los conflictos territoriales y el desarraigo cultural. Según cifras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hasta 2023, más del 60% de las comunidades indígenas aún esperan el relevamiento catastral que ordena la ley.

Precedentes preocupantes

La postura de la ministra se suma a una tendencia reciente de decisiones judiciales desfavorables para las comunidades indígenas. Por ejemplo, en el caso del camping del lago Correntoso, la justicia desestimó los reclamos de una comunidad mapuche al considerar que no se demostró su ocupación ancestral, ordenando su desalojo. Este fallo refuerza los temores de que, sin la protección de la Ley 26.160, las comunidades enfrenten una ola de desalojos masivos.

Organizaciones como la OPINOA y la Red de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI) ya han manifestado su oposición a las declaraciones de Bullrich, alertando sobre el impacto que tendría la pérdida de esta herramienta legal para garantizar derechos fundamentales. Las comunidades indígenas reiteran que la tierra no es solo un recurso económico, sino el eje de su identidad, espiritualidad y supervivencia cultural. La derogación de la Ley 26.160 no solo representaría un retroceso en materia de derechos humanos, sino que también podría desencadenar una escalada de conflictos territoriales en todo el país. Este es un momento crucial para garantizar que las voces indígenas sean escuchadas y sus derechos plenamente respetados.