Empleadas de casas particulares y el reclamo de un sector invisibilizado

Semanas atrás, las incansables trabajadoras de casas particulares, generalmente mal llamadas “empleadas domésticas”, volvieron a cobrar visibilidad por un motivo poco feliz: un nuevo reclamo sobre un viejo pedido de tarifas diferenciales en el transporte público de pasajeros.

Con sueldos que superan tan sólo por unos pesos la canasta mínima y los límites de la indigencia, este colectivo, en su mayoría formado por mujeres, no pide gratuidades ni excepciones, sino la concreción de lo que inclusive llegó a ser una propuesta electoral para ganar adhesiones.

Así lo relató a Nuevo Diario Ana Díaz, referenta de trabajadoras de casas particulares en Salta, quien recordó los numerosos intentos de proyectos de ley que atendieran el requerimiento de una tarifa diferencial para un importante número de la población, que se desempeña como trabajadoras de tareas domésticas, en puntos alejados de la ciudad: "todo finalmente quedó en la nada", enfatizó.

Así, remarcó los proyectos presentados por y para este colectivo de trabajadoras, de autoría de Lucas Godoy, hoy diputado nacional, Javier Diez Villa, o Héctor Chibán, "tres legisladores importantes que no pudieron hacer nada por nosotras, y que todavía siguen en la política y que actualmente ni el teléfono nos responden", apuntó, y dijo: "esperamos que por lo menos nos ayuden  aunque sea dándonos el número de proyecto que tenían esos proyectos, se supone que más allá de que ya no están allí, deberían haber puesto antes y ahora un poquito más de ganas y acompañarnos".

Un sector que cada vez crece más

"Si te fijás en los avisos clasificados en los diarios tradicionales, las convocatorias para estos trabajos son cada vez menores; porque hoy todo pasa por las redes como Facebook, Instagram, Linkedln: de ese rastreo surge la cantidad de ofertas laborales que cada vez es mayor", indicó Ana. No obstante, y conforme advirtió, "la mayoría no es trabajo registrado, desfavoreciendo así a las compañeras. A eso se le suma otro problema, que es que todavía no está delimitado el rango de actividades, por lo que nuestras compañeras terminan haciendo hasta tareas de jardinería, el baño del perro y hasta del auto", señaló, advirtiendo sobre el grado extremo de precarización en  donde los empleadores abusan de la necesidad  de las mujeres.

Una larga historia pero sin ningún tipo de registros

A fines del mes de junio, se conoció a nivel país que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó cerca de 150.000 contribuyentes que el organismo presupone, por su nivel de ingresos y actividad, reúnen condiciones para ser empleadores/as de personal de Casas Particulares.

Se trata de una nueva campaña de inducción cuyo objetivo es el ingreso al empleo formal del personal de este sector, que en la actualidad presenta altos niveles de informalidad.

Cabe destacar que el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, del que este año se cumplen 10 años de vigencia, garantiza derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios o ART para los/as trabajadores/as que se desempeñan en el ámbito doméstico.

Además, la correcta registración es compatible con la percepción de los beneficios de las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, y programas como el Potenciar Trabajo, el Progresar o la tarifa especial en el transporte público.

Es obligación de las y los empleadores registrar la relación laboral, la falta de pago de las contribuciones que impide que las trabajadoras accedan a una obra social, jubilación, ART, además de constituir una conducta que puede ser objeto de sanciones y multas.

“No entendemos a los empleadores”

Díaz profundizó sobre la negativa de los empleadores a registrar a sus empleadas: “es gravísimo, y la verdad es que cuesta entender a los empleadores, habiendo un programa que está activo a nivel nacional, no tengan la voluntad de colocar en blanco a sus trabajadoras”.

En ese sentido, Ana detalló que los gastos por cargas sociales “no son grandes”, y explicó que para el caso de trabajadoras de más de 16 horas en un sólo hogar, el empleador estaría abonando $6.800 y de ese monto, $3 mil son descontados del sueldo de las trabajadoras, atento a que corresponde al pago de la obra social. “Me gustaría que me respondan qué se compra con 4 mil pesos, a veces cuando limpiamos, vemos los tickets tirados de una remera de 5 mil pesos, o de un jean de 10 mil pesos, y entendemos cuál es el valor que tenemos en todo ese esquema”, lamentó.

Actualmente el sueldo de las trabajadoras particulares oscila entre $98 mil y $110 mil aproximadamente, por 192 horas mensuales. “Es una pena lo que está pasando en Salta, y que no está lejos de lo que pasa en Argentina”, dijo Ana Díaz.

Un proyecto y una necesidad que pasan de mano en mano

Después de pasar por los despachos de Lucas GodoyJavier Diez Villa y Héctor ChibánMónica Juárez y a la diputada Julieta Perdigón.

La legisladora presentó un proyecto de Ley a partir del cual solicita a SAETA y a la AMT arbitren los medios necesarios para otorgar el beneficio de la tarifa social a las trabajadoras de casas particulares.

Entre los fundamentos, Juárez esgrime que la tarifa social  “representa un beneficio importante que el estado dirige a sectores de mayor vulnerabilidad social”, entre los cuales se incluye a este colectivo. Se busca además con este proyecto, federalizar los descuentos que tienen en otras regiones del país.

Además

Quien también tomó la posta con miras a brindar una respuesta a tal demanda, es la diputada provincial, Julieta Perdigón de Ahora Patria, quien presentó un proyecto de ley en el Palacio Legislativo Provincial,  proponiendo que trabajadoras de casas particulares tengan el derecho de acceder a una tarifa diferencial equivalente al 50% en el precio de sus pasajes (Saeta).                                                                                                                                                                                        Con la sanción de esa ley se busca garantizar el derecho a la movilidad de un importante sector de nuestra sociedad que tiene, conforme a otros trabajadores en relación de dependencia, la escala salarial más baja de nuestro país.

Resta dar pasos firmes en el tratamiento definitivo en la legislatura, con medidas reales para un colectivo hostigado por la crítica situación económica y social que vulnera aún más sus condiciones, y que, por sobre todo,  tuvo una sobrada paciencia  durante cuatro largos años, viendo cómo sus necesidades resultaron también invisibles.

“La política lejos de las necesidades”

“Así como SAETA utilizó las imágenes de todas las compañeras para promocionar los nuevos corredores de transporte público de Atocha, o de San Lorenzo  y San Lorenzo Chico, no entendemos cómo pueden utilizarnos para eso y no pueden darnos un beneficio”, dijo Díaz.

“Tampoco entiendo a los legisladores, ni a los candidatos, que inclusive podrían tenernos en cuenta dentro de sus proyectos”.

“Últimamente la política está muy lejos de las necesidades de los trabajadores y de la comunidad en general”, dijo.

Sobre los proyectos presentados por las diputadas Juárez y Perdigón, Ana destacó el compromiso de las legisladoras.

No obstante recordó que en 2.019 , las empleadas de casas particulares llegaron en ese momento hasta el Concejo Deliberante, alcanzando un proyecto de declaración de autoría de las concejalas Lihue Figueroa y Frida Fonseca que buscaba llegar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta y  acompañar la idea de  incorporar a los trabajadores de casas particulares como beneficiarios del abono social.

“Nos llama poderosamente la atención que nuestro planteo no haya despertado ningún tipo de interés, ni en los municipios, ni en las legislaturas”, advirtió Ana Díaz, que por último  explicó el amplio trayecto que a diario recorren las empleadas de casas particulares, atravesando inclusive jurisdicciones municipales, como el caso de Cerrillos, San Luis  o San Lorenzo.