Más de 130 jueves de lucha de la Red Socioambiental se visibilizaron en la legislatura
Este jueves en la Plaza frente a la Legislatura, se realizó la última jornada del año, la número 131 consecutiva, liderada por la Red de Luchas Socioambientales de Salta.
Bajo el lema “Salta no es zona de sacrificio”, la movilización denunció, como cada semana, la devastación ambiental y la violencia estructural que afectan a los pueblos originarios, trabajadores informales y comunidades vulnerables.
Al reclamo se le sumó la reciente aprobación en la Legislatura de la Ley de Reordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que permite desmontar 700.000 hectáreas de bosques. Esta medida, según indicaron desde la Red de Luchas Socioambientales, amenaza no solo la biodiversidad, sino también la subsistencia de los pueblos originarios, quienes encuentran en el monte su alimento, medicina y sustento artesanal.
“No hay agua para el pueblo, pero sí para los ecocidas”
La convocatoria de ayer destacó la contradicción entre la falta de acceso al agua para las comunidades y su disponibilidad para proyectos extractivistas. Entre los señalados están las megamineras ubicadas en la puna salteña y a las que señalan de contaminar y agotar las reservas hídricas en la zona. Estas empresas operan bajo un modelo extractivista que, según los manifestantes, beneficia únicamente a capitales extranjeros y funcionarios locales, dejando un saldo de contaminación, desertificación y desplazamiento.
El impacto de estas políticas se traduce en enfermedades como cáncer y malformaciones congénitas, desnutrición infantil y violaciones sistemáticas de los derechos de las comunidades originarias. La protesta también denuncia la criminalización de defensores ambientales como Reina Ferril, de la Comunidad Kolla El Desierto, y Lucio Juan, de la Comunidad Wichí de Mosconi.
Un grito de esperanza y resistencia
A pesar de las adversidades, de un presente y futuro poco alentador a manos de las políticas nacionales, la Red de Luchas Socioambientales reafirma su compromiso de luchar “haga frío o calor, llueva, truene o nieve”.
Con un llamado a la unidad y solidaridad, esta movilización trabajó a lo largo de 131 jueves consecutivos, en visibilizar y frenar el ecocidio y genocidio que consideran responsabilidad directa del Estado.
Los manifestantes condenan además la Ley de Bases, que consideran un atentado contra la soberanía y los derechos sociales, y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que habilita a capitales extranjeros a operar en detrimento de los territorios y recursos nacionales.
Con consignas como “No hay permiso para ecogenocidas” y “El agua es vida”, el mensaje es claro: la defensa del agua, los montes y los territorios no se negocia. El reclamo no solo se dirige al gobierno provincial y nacional, sino también a la ciudadanía, instándola a involucrarse en la lucha por un futuro sustentable y justo para todos los habitantes de Salta y el país.