Por mantener encadenada a una mujer imputan a tres familiares
Tras el hallazgo de la mujer con discapacidad encadenada en una casa en General Güemes, fueron imputados tres familiares.
El fiscal penal de General Güemes en feria, Gustavo Vilar Rey, imputó provisionalmente a una mujer de 61 años y a dos hombres de 44 y 55 años por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en calidad de coautores.
La causa se originó tras la denuncia de una vecina que observó cómo una mujer, identificada como la hija discapacitada de la acusada principal, estaba encadenada en el fondo de un domicilio.
El caso salió a la luz el pasado 29 de diciembre de 2024, cuando una vecina del barrio Centro de General Güemes denunció a la Policía que había visto en repetidas oportunidades a una mujer atada con cadenas en el patio trasero de una vivienda colindante.
Según su relato, la mujer también era forzada a hacer sus necesidades en el lugar. Al llegar al domicilio, los efectivos fueron atendidos por la mujer de 61 años, quien negó tener a alguien atado en su propiedad.
Tras un largo intercambio y bajo la excusa de atar a un perro supuestamente agresivo, permitió el ingreso de los uniformados. Una vez dentro, los agentes descubrieron que la persona previamente vista ya no estaba en el lugar.
La madre de la damnificada alegó que su hija era “violenta y se escapaba”. Sin embargo, en presencia de los oficiales, la propia víctima ingresó a una habitación y entregó una cadena, confirmando las denuncias.
Circuito Cerrado de TV
Además, durante una entrevista realizada mediante el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la mujer señaló al hombre de 55 años, pareja de su madre, como la figura paterna que la sometía a malos tratos. También identificó al hombre de 44 años, hijo de la principal acusada, como otro agresor que la castigaba tirándole del cabello.
Los tres imputados se presentaron a la audiencia de imputación acompañados por su abogado, optando por abstenerse de declarar.
Por su parte, el fiscal Vilar Rey ordenó que se notificara a la Asesoría de Menores e Incapaces y solicitó un informe detallado sobre la situación de la víctima. Actualmente, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del caso y la posible responsabilidad penal de los acusados.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección ante situaciones de maltrato y abuso.
La fiscalía subrayó que la privación de libertad de la mujer constituye un delito grave, agravado por su condición de indefensión.
Las diligencias judiciales continúan en General Güemes, mientras se aguardan pericias psicológicas y sociales que podrían ampliar el panorama sobre los hechos denunciados.