Citaron al diputado Emiliano Estrada para conocer la imputación por intimidación pública
El diputado nacional quedó imputado por la fiscal de ciberdelincuencia Sofía Cornejo, y fue citado para hoy. En la oportunidad se llevará adelante el acto de imputación en la que conocerá los hechos que se investigaron y por los que se adoptó esa medida.
En una conferencia de prensa, la fiscal penal especializada, informó sobre los avances en la investigación por presunta intimidación pública tras la difusión de videos anónimos en la red social TikTok. Sofía Cornejo explicó que este delito busca sancionar conductas que generen temor en la sociedad y afecten el normal funcionamiento de los poderes del Estado, con potencial de desestabilizar el orden democrático. Aclaró que la investigación no aborda agravios individuales que pudieran dar lugar a querellas por calumnias o injurias, sino que se centra en el orden público. La causa se inició contra personas no identificadas, dado que al comienzo no se conocían los autores ni administradores de las cuentas que difundieron los videos, los cuales contenían mensajes que vinculaban a las instituciones provinciales con el narcotráfico, generando alarma social. A partir de las pesquisas, tres personas fueron imputadas provisionalmente, incluyendo a dos asesores del diputado nacional Emiliano Estrada. Con el avance de la investigación, que incluyó declaraciones de los imputados y datos proporcionados por empresas como TikTok y Google, el martes se imputó también al legislador nacional. Se lo acusa de intimidación pública (artículo 211 del Código Penal) y peculado de trabajos y servicios (artículo 261, segunda parte del Código Penal).
Según detalló la fiscal, los videos compartían una trazabilidad común, al referirse a Salta como un “Estado narco” y vincular a instituciones provinciales con carteles de droga y operativos policiales. Este contenido fue considerado capaz de generar miedo sobre un supuesto avance del crimen organizado en la provincia. En cuanto al peculado, se presume que los asesores del diputado participaron en la elaboración y difusión de los videos utilizando recursos públicos. Por ello, se evaluará si la causa por este delito corresponde a la justicia federal, aunque la intimidación pública seguirá bajo jurisdicción ordinaria.
Finalmente, Cornejo subrayó que el uso de redes sociales para actos delictivos no implica necesariamente competencia federal, dejando en claro la pertinencia de la investigación provincial en este caso.