Por vencimiento de plazos procesales, solicitan el sobreseimiento de Yolanda Vargas
La defensa de Mercedes Yolanda Vargas solicitó formalmente su sobreseimiento ante el Tribunal de Juicio Sala I de Orán, argumentando el vencimiento del plazo procesal para la realización del juicio en su contra.
La presentación fue realizada por los abogados Alberto Díaz Aranda y Luciano Gabriel Camaño, quienes sostienen que la suspensión de la audiencia de debate, inicialmente fijada para los días 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2025, constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que el plazo máximo para la realización del juicio expiró el 20 de septiembre de 2024.
Vargas enfrenta acusaciones por abandono de persona, seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de M.T.V. y T.A.T.V., en una causa que ha sido objeto de dilaciones y cuestionamientos por parte de su defensa y sectores que la respaldan.
El argumento legal de la defensa
El pedido de sobreseimiento se fundamenta en el artículo 219 del Código Procesal Penal de Salta, que establece un plazo máximo de dos años para la realización del juicio, prorrogable por un año más bajo circunstancias excepcionales.
Según la defensa, dicho plazo se cumplió el 20 de septiembre de 2024 y la audiencia de debate fue recién fijada para el 30 de octubre de 2024, es decir, un mes y diez días después de la fecha límite.
El abogado Luciano Gabriel Camaño, representante legal de Vargas, explicó la postura de la defensa: “Entendemos desde esta defensa técnica que se encuentran caducados todos los plazos procesales exigidos para poder llevar el juicio. En dicho sentido, esta presentación busca declarar la inocencia de Yolanda. Contamos con las presentaciones de diversos amicus curiae, como también de la organización Innocence Project, que ha suscrito el mismo pedido”.
El documento presentado ante la justicia enfatiza que el Ministerio Público Fiscal reconoció que el plazo máximo para la celebración del juicio vencía el 20 de septiembre de 2024, según consta en presentaciones realizadas a través del sistema Iurix en diversas fechas clave, incluyendo el 10 y 17 de septiembre de 2024.
En dichas instancias, la fiscalía solicitó que la audiencia de debate se realizaría antes de la fecha límite, lo que finalmente no ocurrió.
La defensa argumenta que el retraso procesal no es atribuible a Vargas y que su prolongada permanencia en una situación de incertidumbre judicial atenta contra el principio del plazo razonable, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. También citan precedentes judiciales nacionales e internacionales que refuerzan la necesidad de evitar dilaciones indebidas en procesos penales.
Movilización y apoyo de organizaciones sociales
El pedido de sobreseimiento no sólo ha generado repercusiones en el ámbito judicial, sino que ha motivado una serie de movilizaciones a nivel provincial y nacional.
Distintas organizaciones políticas y de derechos humanos han manifestado su apoyo a Vargas y han exigido el cese de la causa en su contra.
Violeta Gil, dirigente de Política Obrera, expresó su postura durante una manifestación en Orán, en la que se acompañó la presentación judicial: “Nos hemos hecho presentes aquí en el tribunal para acompañar esta presentación de los abogados defensores de Yolanda. De forma simultánea, en la Ciudad Judicial de Salta y en la Casa de Salta en Buenos Aires también se ha llevado adelante una jornada exigiendo el inmediato sobreseimiento de Yolanda Vargas. Queremos que caigan las causas, porque la justicia en Salta no reúne condiciones para avanzar en este juzgamiento, pero, sobre todo, no tiene fundamentos para llevar adelante esta condena”.
Según Gil, el proceso judicial contra Vargas es un intento de responsabilizar individualmente a una trabajadora por una situación que, en su opinión, debería recaer sobre las empresas prestadoras de servicio y el poder político que regula su funcionamiento: “Se pretende responsabilizar de forma individual a una trabajadora en lugar de llevar al banquillo a los verdaderos responsables: las empresas prestadoras del servicio y el poder político que está detrás. Son ellos los responsables de que cientos de trabajadores en Orán y en toda la provincia sufran de forma sistemática las consecuencias de las fallas del sistema eléctrico, producto del vaciamiento de las empresas”.
La dirigente política agregó que las manifestaciones en respaldo a Vargas no se detendrán y que el próximo paso será exigir una audiencia con el procurador de la provincia de Salta: “Vamos a continuar acompañando todos los procesos judiciales que sean necesarios, exigiendo el sobreseimiento inmediato. Pero, además, seguiremos movilizándonos a nivel provincial, nacional e incluso internacional. Lo inmediato será reclamar al procurador de la provincia de Salta una audiencia para que los abogados de Yolanda puedan presentar formalmente este pedido de sobreseimiento. Aquí tienen que comparecer los verdaderos responsables políticos”.
Próximos pasos en la causa
El tribunal deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de sobreseimiento o si la causa sigue su curso judicial. De ser rechazada la solicitud de la defensa, Vargas podría enfrentar un juicio cuya fecha aún no ha sido confirmada.
Por otro lado, el equipo legal de la acusada ya ha anticipado que, en caso de un pronunciamiento adverso, recurrirá la decisión ante el Tribunal de Impugnación de la provincia e incluso dejará abierta la posibilidad de recurrir a instancias federales, amparándose en la Ley 48 y en la garantía del debido proceso consagrada en la Constitución Nacional.
La expectativa en torno al caso sigue en aumento, con sectores políticos y sociales demandando su sobreseimiento y la justicia analizando el pedido de la defensa.
Mientras tanto, Vargas permanece en una situación de incertidumbre jurídica, a la espera de una resolución que podría marcar un precedente importante en el ámbito judicial provincial.