Presentan reclamos por los retrocesos en derechos de la discapacidad
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha presentado un reclamo administrativo ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la derogación de la Resolución 187/2025.
Según sostienen, esta normativa vulnera los derechos de las personas con discapacidad al establecer un nuevo criterio para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
El reclamo, dirigido al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue firmado por organizaciones de amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos humanos. Entre ellas se encuentran la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ACIJ, entre otras. Según el documento presentado, la Resolución 187/2025 contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina. “El sistema de protección social aplicable a este grupo no puede diseñarse sobre la base de un enfoque perimido e ilegal, que ignora tanto la situación de exclusión estructural en la que este se encuentra como las obligaciones que Argentina asumió en el plano internacional”, señala el reclamo.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la metodología de evaluación adoptada por la resolución. “Clasificar a las personas según un grado de ‘invalidez’ para definir su derecho a una pensión es contrario al modelo social de la discapacidad y refuerza estereotipos discriminatorios”, denuncian las organizaciones. También remarcan que la resolución contiene una terminología ofensiva y obsoleta, incluyendo expresiones como “retraso mental” y “idiota”, lo que, según afirman, atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad. Las organizaciones denuncian además que la resolución fue adoptada sin la participación de las personas con discapacidad, lo que viola el artículo 4.3 de la CDPD. Dicho artículo establece el derecho de este colectivo a ser consultado en la formulación de políticas públicas que lo afecten. “Esta decisión carece de legitimidad desde su origen, ya que ignoró los principios de participación y consulta obligatorios”, subrayan.
Grave denuncia sobre falta de participación
Desde los organismos que realizaron esta denuncia, se alertó que: “el procedimiento de adopción de la regulación no contó con la participación de organizaciones de personas con discapacidad. Esto supone una violación directa del artículo 4.3 de la CDPD y de lo que expresó el Comité de Naciones Unidas que la interpreta en su Observación General nro. 7. Estos instrumentos son claros y contundentes en cuanto a que la intervención de este grupo en los procesos de elaboración y aplicación de las leyes y políticas que las afectan es obligatoria”.
Asimismo, agregaron que: “esperamos que la ANDIS revea urgentemente su decisión y garantice un sistema de protección social comprometido con reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y sacarlas de la pobreza a la que históricamente las ha condenado la inacción estatal”.
El reclamo administrativo presentado solicita la inmediata derogación de la Resolución 187/2025 y reafirma la necesidad de un enfoque basado en derechos humanos para la determinación de prestaciones para personas con discapacidad. “El Estado tiene la obligación de garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, eliminando las barreras y asegurando el acceso equitativo a los derechos”, insistieron.