La Corte de Justicia no se apartará del juicio por la información pública
La Corte de Justicia de Salta, a pesar de ser una de las demandadas en el juicio de amparo presentado contra todos los poderes del Estado provincial por la falta de reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, decidió por mayoría de sus miembros no apartarse de la causa.
La resolución fue adoptada el 14 de enero de 2025 durante la feria judicial y contó con la firma de cinco de los nueve jueces que integran el máximo tribunal salteño.
El amparo, iniciado el 8 de octubre de 2024 por diversas organizaciones de la sociedad civil, busca que el Poder Ejecutivo, las Cámaras de Diputados y Senadores, el Ministerio Público y la Corte de Justicia reglamenten la normativa y garanticen el acceso de la ciudadanía a la información pública en sus respectivas áreas de competencia.
La recusación contra los jueces de la Corte
En el marco del proceso, las organizaciones demandantes solicitaron que los nueve jueces de la Corte sean apartados de la causa y que se conforme un tribunal ad hoc con magistrados subrogantes.
Fundamentaron su pedido en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta, que en su inciso 2 establece como causal de recusación el interés de los jueces en el pleito. Sin embargo, luego de dos meses de demora, el tribunal resolvió no hacer lugar a la recusación y mantenerse en el caso. La decisión fue respaldada por los jueces Teresa Ovejero, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edith Nallim, Pablo López Viñals y María Alejandra Gauffin, quienes consideraron que el interés previsto por la ley refiere exclusivamente a un beneficio personal de índole económica o pecuniaria, descartando que su participación comprometa la imparcialidad del proceso. En contraposición, los jueces Ernesto Samsón y Guillermo Catalano sí decidieron apartarse del caso, argumentando “razones de decoro” y “violencia moral”.
Cuestionamientos a la decisión de la Corte
La resolución del máximo tribunal ha generado críticas desde distintos sectores, especialmente desde el portal Salta Transparente, cuyo responsable, Gonzalo Guzmán Coraita, advirtió sobre la falta de imparcialidad de la Corte en este proceso.
“La Corte no puede ser juez en un juicio en el que es parte. Esa omisión compromete eventualmente la responsabilidad penal y política de cada uno de los que integran ese Tribunal”, sostuvo.
Guzmán Coraita también remarcó que los jueces deberían apartarse “por una cuestión de decoro”, dado que el proceso apunta directamente a su accionar omisivo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Es evidente el interés que tienen en no ser apartados de la causa, pero como mínimo, cuestiones de decoro imponen su obligación de retirarse como Tribunal y dejar que sean jueces subrogantes los que resuelvan en definitiva el juicio planteado”, afirmó.
Recurso pendiente de resolución
Contra la resolución de la Corte, que rechazó apartarse de la causa, las organizaciones demandantes interpusieron un recurso de reposición el 17 de enero de 2025. Hasta la fecha, dicho recurso aún no ha sido resuelto, lo que mantiene en incertidumbre el futuro del proceso y la posibilidad de que el acceso a la información pública en la provincia cuente finalmente con una reglamentación efectiva.
Mientras tanto, la controversia continúa y el fallo de la Corte sigue siendo cuestionado por sectores que consideran que su decisión afecta la transparencia y el derecho ciudadano a la información.