Disponen la competencia federal en una causa contra Emiliano Estrada
En una audiencia de excepciones, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró la competencia federal de una causa abierta en la justicia provincial, bajo la órbita del Juzgado de Garantías 7.
Esta causa tiene como imputado al diputado nacional, Emiliano Estrada por los delitos de intimidación pública y peculado.
La decisión fue instada por el fiscal general, Eduardo Villalba, quien señaló como fundamento principal la decisión del titular de dicho juzgado provincial, Pablo Zerdán, quien el 6 de febrero pasado, mediante una resolución, declaró su incompetencia material para seguir adelante con la investigación abierta contra el legislador nacional, no así respecto a otras cuatro personas imputadas en la misma causa, las que seguirán ligadas a la justicia provincial.
En su resolución, el magistrado provincial se refirió a las condiciones de juez natural y a los intereses de orden nacional que estarían en juego. Al respecto, el fiscal admitió que, ante la acusación de peculado, podrían estar afectados fondos federales.
El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dejó en claro que “la justicia federal no es un órgano de apelación de las causas que se dirimen en la justicia provincial”. No obstante, y dada la investidura del acusado, como así también el presunto hecho de que, a partir de empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, habría incurrido en una conducta ilícita que afecta los intereses nacionales, propuso aceptar la competencia.
Previamente, el abogado Jorge Ovejero, en representación de Estrada presentó el caso e instó el cambio de jurisdicción. Reveló que su cliente había sido imputado, entre el 16 y 21 de enero, por los delitos mencionados, causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
Explicó, en resumen, que la acusación contra Estrada surge de evidencias que esa fiscalía reunió, y de las cuales, presuntamente, sindican a su cliente como autor mediato del delito de intimidación pública por haber ordenado la creación y difusión de videos en redes sociales, en los cuales se vinculaba al gobierno de Salta con actividades del narcotráfico.
“Un discurso político”
Ovejero, en su argumentación, sostuvo que el contenido de esos videos, en realidad, refieren a un discurso político, el que dio a conocer ya en octubre del año pasado en una sesión en el Congreso de la Nación, como así también a través de medios de difusión y en sus redes sociales.
Asimismo, y al referirse a la segunda imputación, por peculado, refirió también la necesidad que sea la justicia federal la que intervenga en la investigación de la conducta de su cliente, pues se trata de fondos nacionales.
La jueza Mariela Giménez aceptó la declinatoria de competencia del juez provincial y, en consonancia con el fiscal general, aceptó la competencia federal respecto al legislador nacional, por considerar la posible afectación de “intereses de orden nacional”.