Colapsa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad
El sistema de prestaciones para las personas con discapacidad es un bien invaluable, reconocido internacionalmente a partir de los capítulos de ganancias y avances en materia de derechos a lo largo del tiempo.
Si bien venía de una crisis de arrastre, sobre todo desde la pandemia de Coronavirus, lo cierto es que el deterioro se acentuó a partir de la llegada de Javier Milei y su política de motosierra, déficit cero, entró en una situación de colapso y ahogo económico.
Sobre esta creciente preocupación, Nuevo Diario dialogó con Luis González, referente del sector de la discapacidad en Salta, quien puso el acento en los permanentes y justificados reclamos de los prestadores sobre el valor de sus aranceles, fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que según sostuvo tienen un atraso de más de un 50%. “Con lo que les pagan, los transportistas no cubren ni la nafta”, remarcó
En esa línea, González replicó la serie de declaraciones y reclamos de referentes a nivel nacional que vienen alertando sobre lo sucedido con todos los aranceles en el último trimestre de 2024, cuando el directorio de ANDIS autorizó un aumento de apenas 2,31%. “En discapacidad, el 70% de los costos son salarios y el 30% restante son gastos operativos.
Mientras se autorizaba un aumento de las prestaciones del 2,31%, los salarios de Sanidad tuvieron un incremento del 11,4% y el índice de precios al consumidor subió un 8,7%. Los recortes no afectan a todos por igual. En la práctica, dejan sin prestaciones a los más pobres, quienes dependen enteramente del sistema público. Otro golpe fue la desregulación de las obras sociales a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esto impactó en la cobertura de tratamientos, aumentando la incertidumbre de muchas familias, según remarcó González.
La paradoja de Emilia Orozco
La reciente convocatoria de la diputada libertaria salteña Emilia Orozco para asesorar a personas con discapacidad sobre sus derechos genera indignación en todo el sector. “Es paradójico que la misma legisladora que se embanderó con familias TEA y madres TEA ahora represente al espacio político que aplica la motosierra a la discapacidad”, señaló Luis González, referente de Padres TEA., quien además recordó que hasta hace pocos meses, Orozco participaba precisamente y de forma activa en proyectos de concientización sobre niños y niñas con autismo en Salta. Sin embargo, su rol actual dentro del oficialismo, y su acompañamiento a lo que esgrimen desde el Gobierno Nacional, la ubican en la vereda opuesta de las políticas que antes defendía. “Parece inexplicable o paradójico. Si antes era sí, ahora parece que es no”, concluyó Luis González.
Proyecto de declaración a nivel nacional
Semanas atrás, el diputado Daniel Arroyo y ex Ministro de Desarrollo Social presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca obligar al Gobierno a destinar partidas presupuestarias que garanticen el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, tanto en pensiones como en servicios.
Arroyo explicó que desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, las políticas de discapacidad sufrieron tres tipos de ajustes:
El freno en la incorporación de nuevas pensiones. Se realizó una auditoría cuya metodología nunca fue aclarada. “El vocero Manuel Adorni mostró una radiografía con una colita de perro diciendo que con ella se otorgó una pensión, lo que era totalmente falso. Pero a cuenta de esa auditoría, el Gobierno paralizó la entrega de pensiones. Hay cerca de 500.000 personas que realizaron todos los trámites y de ese total sólo 586 obtuvieron la pensión”, detalló Arroyo.
Se usó como justificación para no aumentar los montos de sus servicios, metiendo al sector en un “cuello de botella”. “Por ejemplo, les pagaban el litro de nafta a 550 pesos cuando ya costaba 1.300. Eso resiente un sistema que ya venía con problemas, con el resultado de que una persona que necesita tratamiento tres veces por semana ahora lo hace dos, y la que debe tomar una medicación la toma salteado”.
El recorte en el transporte. Con la desregulación, muchas empresas dejaron de otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, lo que dificulta su asistencia a tratamientos.
Otra de las políticas afectadas es el cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado pese a que es de público conocimiento que el cupo laboral hoy es del 1,71% cuando debería ser del 4%, por ley, y con el consecuente temor de que este número pudiera disminuir a partir de las declaraciones insistentes desde el Gobierno Nacional sobre los cupos laborales.