Tras la represión, el CELS denuncia “No podemos permitir que el miedo nos silencie”
El Centro de Estudios Legales y Sociales denunció ante organismos internacionales el protocolo antipiquetes y la violencia policial que criminaliza la protesta social, y que alcanzó uno de sus puntos máximos este miércoles durante la protesta de jubilados en inmediaciones al Congreso de la Nación. A esto se le suma el desenfreno en los mensajes que atentan de forma permanente a la alteridad, a sus pensamientos y expresiones.
En diálogo con el periodista Héctor Alí para FM Pacífico, Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), alertó sobre la creciente violencia estatal contra la protesta social en Argentina. En diálogo con FM Pacífico, denunció el uso del llamado “protocolo antipiquetes” como una herramienta de censura y represión, poniendo en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a manifestarse.
“Cada miércoles vemos escenas que parecen sacadas de otro tiempo, donde la policía arremete con saña contra quienes solo alzan su voz”, expresó con indignación Perelman. Desde diciembre, el CELS viene documentando y denunciando estas prácticas ante organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos hablando de un protocolo que no solo intenta sofocar la protesta, sino que también pone en peligro la vida misma”, subrayó.
Uno de los casos más alarmantes es el de Pablo Grillo, fotoperiodista gravemente herido en una reciente movilización. Para Perelman, este episodio es el resultado de una escalada de violencia estatal que se alimenta de un discurso oficialista que presenta a las protestas como amenazas. “El Gobierno recurre a una narrativa de guerra, donde los manifestantes son tratados como enemigos”, lamentó.
A pesar de los múltiples llamados de atención desde el exterior, el Estado argentino ha respondido con justificaciones vacías. “No hay reconocimiento del daño, solo discursos formales que intentan negar la realidad”, explicó la investigadora. Esta actitud, agregó, se enmarca en una postura de desprecio hacia los organismos multilaterales, una constante en gobiernos con tendencias autoritarias.
Perelman también hizo hincapié en el uso deliberado de acusaciones desproporcionadas para justificar la represión. “Nos quieren hacer creer que personas con pancartas y banderas son terroristas. Es un absurdo que no resiste el menor análisis”, señaló. Para ella, el objetivo es claro: desmovilizar, infundir miedo y desalentar la participación ciudadana.
El ataque contra la jueza Carina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos en una de las recientes protestas, es otra muestra de esta estrategia. “Cuando la legalidad no les sirve, buscan forzar otro camino, aunque sea a costa de vulnerar derechos”, denunció Perelman. Frente a este escenario, la investigadora del CELS destacó la importancia de la respuesta popular: “La masividad de las movilizaciones es la mejor protección contra la violencia estatal”. Con firmeza, concluyó: ” No podemos permitir que el miedo nos silencie. La democracia se defiende en las calles”.