Informe de la ACIJ concluye que el DNU de Milei es un avasallamiento al rol del Congreso
La decisión del gobierno de Javier Milei de suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la intervención del Congreso representa un grave avasallamiento institucional, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La organización sostiene que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que habilita la toma de deuda sin debate legislativo, vulnera la Constitución Nacional y atenta contra la transparencia y el control democrático.
Un retroceso en la división de poderes
La Constitución Nacional establece en los incisos 4 y 7 del artículo 75 que es competencia del Congreso contraer préstamos en nombre de la Nación y aprobar acuerdos con organismos internacionales. En línea con este mandato, en 2021 se sancionó la Ley 27.612, que exige la aprobación legislativa para cualquier programa de financiamiento con el FMI o la ampliación de sus montos. Su propósito era evitar que el Ejecutivo contrajera deuda de manera discrecional y opaca. Sin embargo, el gobierno de Milei utilizó el mecanismo del DNU para sortear el debate parlamentario. ACIJ argumenta que esta herramienta solo puede emplearse en circunstancias excepcionales que impidan el tratamiento legislativo, condición que no se cumple en este caso. El Ejecutivo no ha demostrado que el endeudamiento sea una medida urgente ni que el Congreso no pueda reunirse para tratar el tema.
Fundamentación insuficiente y falta de transparencia
El informe de ACIJ cuestiona la argumentación del Gobierno, basada en afirmaciones imprecisas sobre la crisis económica y en antecedentes jurisprudenciales sin relación directa con el caso. Además, advierte que el DNU no detalla los montos a desembolsar, las condiciones del financiamiento ni las metas impuestas por el FMI.
“La falta de transparencia en este proceso es inaceptable, ya que el endeudamiento de un país impacta en el ejercicio de derechos fundamentales como salud, vivienda y educación. Las decisiones de esta magnitud deben adoptarse con mecanismos de control democrático y tras un debate amplio”, señala el documento.
El rol del Congreso y la necesidad de rechazar el DNU
Si bien los DNU deben ser revisados por el Congreso, su tratamiento no implica un debate sobre su contenido, sino únicamente su aceptación o rechazo. Además, según la Ley 26.122, solo pierden vigencia si ambas Cámaras los rechazan expresamente. Esto permite que un acuerdo de endeudamiento suscripto por el Ejecutivo pueda mantenerse firme, aun sin haber pasado por el Congreso. Por ello, ACIJ insta a los legisladores a actuar con urgencia y rechazar el DNU 179/2025. “El Congreso debe hacer valer su rol y frenar este accionar inconstitucional. Su silencio implicaría un aval implícito a una conducta que vulnera los principios fundamentales de nuestra democracia”, concluye el informe.