Otra vez la marcha de los jubilados se tiñió de incidentes violentos
Al igual que todos los miércoles, cientos de jubilados se movilizaron al Congreso para reclamar un aumento de sus haberes y, nuevamente, se registraron incidentes tras un fuerte operativo de seguridad: un policía atropelló a un camarógrafo que trabajaba en el lugar cubriendo la manifestación.
El hecho ocurrió cuando la policía motorizada comenzó a avanzar con el objetivo de desalojar a los manifestantes de la calle y, sin medir las consecuencias, uno de los efectivos pasó por encima de un camarógrafo que se encontraba trabajando con un trípode. El hombre logró levantarse y no sufrió heridas de gravedad.
Al anticipar la protesta, el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo con camiones hidrantes, vehículos de Bomberos y patrulleros. Hubo presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura. Incluso se instalaron vallas para proteger el edificio del Congreso. Ante cada intento de los manifestantes por cortar una calle, las fuerzas de seguridad avanzaron para obligarlos a mantenerse sobre la vereda.
Al igual que ocurrió dos semanas atrás, las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes y reprimieron a quienes protestaban en las calles e intentaban cortar la Avenida Callao, frente al edificio del Poder Legislativo.
Ante la amenaza de la Policía, un grupo de jubilados esperó cada semáforo en rojo para bajar a la intersección de Rivadavia y Callao y mostrar carteles con sus reclamos por mejoras en los haberes y el regreso de los medicamentos gratuitos, entre otros. Uno de los carteles sostenidos por un jubilado decía: “Ayúdame a luchar. El próximo viejo sos vos”.
También participaron de la movilización sectores gremiales, partidos de izquierda y movimientos sociales. Además, se sumaron columnas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la UTEP y partidos de izquierda a la Plaza de los Dos Congresos para apoyar el reclamo.
De este modo, cerró un miércoles marcado por la violencia ejercida por el Estado, que continúa reprimiendo sin miramientos a quienes reclaman semana tras semana.
Ni los graves episodios ni las advertencias de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que días atrás tuvieron como lamentable protagonista al joven fotógrafo Pablo Grillo, han logrado hasta ahora frenar el discurso del gobierno nacional ni su decisión de reprimir y negar la escalada de violencia institucional.
Piden informes
La senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó este miércoles un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el anuncio de la desclasificación total de los documentos archivados acerca del accionar de la última dictadura militar.
La legisladora formuló la solicitud a partir de la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, basada en el decreto 4/2010 que había firmado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, según el portavoz, “nunca había sido implementado en su totalidad”. A través del pedido, que incluye una decena de preguntas, se requirió la necesidad de conocer y profundizar información sobre la medida adoptada.
Al respecto, Silva planteó saber si existe y cuál es el plazo para la desclasificación, como así también tener conocimiento sobre el cronograma de apertura de los archivos y cómo se efectivizará.
Otra de las consultas se refiere a cómo se garantizará la transparencia en el proceso de desclasificación de los archivos, y si se otorgara algún rol a las organizaciones de la sociedad civil en dicho proceso. La rionegrina, además, consultó sobre qué presupuesto será asignado para garantizar la implementación efectiva del proceso de desclasificación y la adecuada conservación de los archivos.