Un adolescente fue imputado tras ingresar armado a un colegio de Villa Esmeralda
La Fiscalía Penal Juvenil 1, a cargo de Carolina Mateo Bellini, imputó a un adolescente de 14 años por la presunta comisión de varios delitos, tras los hechos ocurridos el pasado martes 26 de marzo en el Colegio Secundario N° 5176 de Villa Esmeralda.
Según la investigación, el menor ingresó al aula de 1° año portando un machete con el que habría intentado agredir a un compañero de curso, profiriendo amenazas de muerte en presencia de una docente.
Imputación y declaración del acusado
Dada la gravedad de los hechos, la fiscal Carolina Mateo Bellini imputó provisionalmente al adolescente por los delitos de lesiones leves, amenazas, homicidio en grado de tentativa, amenazas con arma, daños y robo agravado por el uso de arma, todo en concurso real. Durante la audiencia, el menor prestó declaración, garantizándose su derecho a ser escuchado, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Régimen Penal Juvenil. Cabe destacar que la investigación también abarca otros hechos delictivos que el joven habría cometido y que fueron denunciados en el transcurso del mes. Anoche, la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) procedió a su detención.
Intervención del Comité de Crisis
Ante la gravedad de la situación, la jueza en lo Penal Juvenil de Primera Instancia, Tatiana Dip, ordenó la inmediata intervención de un Comité de Crisis interdisciplinario. Este comité estará conformado por equipos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en coordinación con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo es realizar tareas urgentes de contención, ayuda, atención, asistencia y protección para la comunidad educativa afectada.
Medidas de protección para las víctimas
Como parte de la investigación, se ordenó la implementación de una consigna policial en el establecimiento educativo y medidas de protección para la víctima y los alumnos del colegio. Además, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces en turno y a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones para brindar acompañamiento especializado. La ley 8097 establece que el juez penal juvenil debe poner en conocimiento de las autoridades administrativas de protección de derechos cuando se adviertan situaciones de vulneración o desprotección de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la ley 27372 de protección de víctimas ordena la intervención urgente de las autoridades para adoptar medidas de ayuda y protección con enfoque diferencial según la vulnerabilidad de las personas involucradas. La fiscal Mateo Bellini continúa con las tareas investigativas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.