Por un amparo, desplazan a las fuerzas de Bullrich del operativo por jubilados
La Justicia porteña hizo lugar a una cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que haga valer su autonomía en el territorio en materia de seguridad y sea quien coordine el operativo de la marcha del próximo miércoles 9 de abril que encabezarán jubilados junto a gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, a cargo del juez Roberto Gallardo, le ordenó al Poder Ejecutivo que encabeza Jorge Macri que se abstenga de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad.
Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
En ese sentido, el magistrado dispuso que la administración de Jorge Macri delimite el ámbito de intervención y jurisdicción en CABA de las fuerzas federales que están a cargo de Patricia Bullrich con motivo de la protesta convocada por jubilados y gremios para el próximo miércoles. Además, ordenó que se garantice la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes en el ámbito porteño.
El juez ordenó a la Ciudad coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización “dejando sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
El amparo fue presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario General y representante legal de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN. En el escrito citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA. Además, recordaron que en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059) se establece cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.
Asimismo, argumentaron desde el GCBA que cuentan con una fuerza de seguridad propia, la Policía de la Ciudad, que está capacitada para actuar en situaciones de movilización y protestas como la que acontecerá el próximo miércoles. A su vez, señalaron que la administración porteña no adhirió al Protocolo Nacional de Seguridad impulsado por Bullrich a fines del 2023.