Metán: Sigue la controversia por el cargo docente de una candidata a diputada
La candidata a diputada María Laura Thomás fue objetada por ocupar un cargo en Educación Artística que, según la Junta Calificadora, obtuvo sin cumplir los requisitos formales.
La Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, junto con el Ministerio de Educación cuestionó la titularización de María Laura Thomás en un cargo docente de Educación Artística por considerar que no cumple con los requisitos formales.
“Ella tiene un título de inglés y conceptos en esa especialidad, pero le otorgaron un cargo en Educación Artística, algo completamente irregular”, afirmó Silvia Di Piazza, integrante del organismo evaluador.
La funcionaria explicó que, al detectar la anomalía, la Junta notificó a Thomás sobre la anulación de su designación. “Ella denunció a cada persona que intentó explicarle la normativa”, agregó Di Piazza, quien aseguró que Thomás presentó denuncias contra miembros de la Junta tras su intervención en el caso.
Aunque el proceso de anulación avanzó, Thomás presentó un oficio judicial con el que intentó respaldar su nombramiento. Según Di Piazza, la candidata recurrió a medidas judiciales y administrativas para mantenerse en el cargo.
Durante 2024, Thomás permaneció en el puesto gracias a una licencia por maternidad que le permitió continuar como interina. Sin embargo, intentó extender su permanencia sin aval legal.
“Se la mantuvo en el cargo para que no pierda la obra social, pero su nombramiento debía finalizar con el ciclo lectivo”, afirmó Di Piazza.
Denuncia inicial
El conflicto se originó cuando otra aspirante al mismo puesto, Luz Marina Luna, denunció públicamente que Thomás habría sido favorecida por influencias políticas y no cumplía con los criterios establecidos para el cargo.
En medio del escándalo, Thomás, acusó una campaña de difamación en su contra y defendió la legalidad de su nombramiento. Argumentó que existen distintas vías de ingreso a cargos docentes, y aseguró haber seguido los procedimientos correspondientes.
Pese a su defensa, desde la Junta educativa sostuvieron que los mecanismos utilizados para su designación no se ajustaron a la normativa.
El caso continúa sin una definición judicial, mientras la comunidad educativa espera una resolución que garantice la transparencia en los procesos de titularización.